La familia Orihuela pedirá que se impute a un segundo policía por el homicidio y van por la causa civil

El abogado de la familia de Federico Orihuela, el Dr. Hugo Usair, confirmó que se presentará una nueva acción judicial para que se investigue la posible responsabilidad del cabo Aníbal Andrés Elisondo en el procedimiento policial que terminó con la muerte del joven en febrero del año pasado. Esto se suma a la condena a prisión perpetua ya dictada contra el oficial Rodríguez, autor material del homicidio.

En diálogo con la prensa, Usair detalló que los hechos fueron claramente irregulares desde el inicio. Orihuela, contratado para vender una carga de melones en Valle Fértil, fue hostigado por efectivos policiales que lo obligaron a trasladar su camión a la comisaría sin fundamento legal. “Le hicieron una infracción con el camión parado, lo que no corresponde”, explicó el letrado.

La situación se tornó crítica cuando, según relató Usair, el oficial Rodríguez se acercó al camión y tras un intercambio verbal con Orihuela —del que no hay testigos directos— el joven decidió fugarse. “Presumimos que fue amenazado o coaccionado, tal vez por no poder pagar una coima que se le exigía para poder trabajar”, señaló.

Durante la persecución, y tras un desperfecto en los frenos del camión, el oficial Rodríguez abrió fuego con su escopeta, descargando 36 proyectiles, de los cuales 16 impactaron en el vehículo. Orihuela recibió siete disparos. “No hubo justificación alguna. Fue una ejecución”, denunció Usair.

El abogado también desmintió versiones de la defensa que sostenían que Orihuela tenía un arma o que había disparado. “No se encontró ningún arma ni rastro de disparos desde el camión. Además, testimonios policiales confirmaron que eso nunca ocurrió”, aclaró.

Avance en la causa y acciones civiles

Usair sostuvo que la participación del cabo Elisondo, quien conducía el móvil policial, fue clave para que Rodríguez pudiera abrir fuego. “Desprendió la cartuchera para facilitarle el arma a Rodríguez y posicionó el vehículo de modo que le permitió disparar con total tranquilidad”, expresó. Por ello, anticipó que solicitarán a la justicia la reapertura del caso para que también se lo impute por su rol en el operativo.

En paralelo, la familia avanzará con una demanda civil contra el Gobierno de San Juan por daños y perjuicios. “La policía no tiene personería jurídica; la provincia debe responder por los actos de sus agentes. Orihuela tenía un hijo pequeño que merece justicia y reparación”, concluyó Usair.