Litio en Argentina: Denuncian concentración, evasión y pérdida de control nacional
Una nueva presentación judicial realizada por la Cámara Latinoamericana del Litio ha encendido las alarmas en el norte argentino. La entidad amplió una denuncia penal que involucra a Favio Casarín, Andrea Polizzotto, Alejandra Cardona, Roberto Cacciola y toda la conducción de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), acusándolos de prácticas que beneficiarían a corporaciones extranjeras y obstaculizarían el desarrollo de una industria nacional del litio.
Según la causa N.º 3309/2023, radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, se investigan supuestas maniobras ilegales como subfacturación de exportaciones, evasión impositiva, exclusión sistemática de empresas argentinas y coordinación anticompetitiva entre grandes actores del rubro minero.
La Cámara Latinoamericana del Litio sostiene que los implicados estarían promoviendo un modelo extractivo orientado a satisfacer los intereses de grupos foráneos —especialmente asiáticos—, impidiendo al mismo tiempo cualquier intento de modernizar el sector a través de herramientas tecnológicas como la tokenización, que permitiría un monitoreo transparente y en tiempo real de la producción y comercialización del mineral.
“El litio es un bien estratégico, y presentarlo como un simple producto básico es parte de una estrategia que facilita la fuga de valor y evita el crecimiento local”, expresó Pablo Rutigliano, titular de la Cámara denunciante.
Rutigliano también reclamó la renuncia de los dirigentes implicados, a quienes considera responsables de “una estructura que empobrece al país y entrega el control de nuestros recursos”. Además, aclaró que Casarín y Polizzotto fueron apartados de la organización por incumplir los compromisos asumidos al incorporarse.
En declaraciones contundentes, el dirigente señaló a Polizzotto como parte de gestiones gubernamentales anteriores y actuales, y la acusó de facilitar acuerdos con capitales extranjeros sin auditorías claras, que habrían dejado escasos beneficios para las comunidades locales.
La Cámara también advirtió que desde CAEM se estarían organizando acciones para frenar la implementación de sistemas de trazabilidad basados en blockchain, una tecnología que permitiría conocer el recorrido completo del litio desde su extracción hasta su destino final, garantizando la participación de empresas nacionales y una distribución equitativa de las ganancias.
“Hay sectores que temen perder sus privilegios. La transparencia que traería esta tecnología dejaría al descubierto el modo en que se maneja el negocio”, agregó Rutigliano.
La situación no se limita a una sola provincia: se reportan irregularidades en toda la región del norte argentino, con especial foco en Salta, donde —según la denuncia— no se respetan leyes laborales ni se da lugar a proveedores locales.
En este contexto, el legislador catamarqueño Hugo Ávila se sumó a las críticas, esta vez contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), recientemente aprobado por el gobierno nacional. Ávila denunció que ese régimen solo profundiza el modelo extractivo sin retorno para el país, ejemplificando con la situación en Fiambalá, donde asegura que una planta operada por una firma china emplea mayoritariamente trabajadores extranjeros, importando incluso insumos básicos como ropa y cascos.
“La supuesta inversión ni siquiera deja dólares en el país. Esto no es desarrollo, es una nueva forma de entrega”, afirmó el diputado.
Frente a estas acusaciones, la Cámara Latinoamericana del Litio solicitó una urgente intervención estatal, alertando que el actual rumbo consolida un modelo que priva al país de beneficios reales mientras favorece a intereses externos.
“Argentina no puede progresar si no se apropia de sus recursos. La soberanía energética y minera se construye con empleo nacional, industria propia y control real sobre lo que es nuestro”, concluyeron desde la organización.
