Amenaza de bomba: detenido con prisión domiciliaria

El fiscal Alejandro Mattar, a cargo de la UFI Genérica, confirmó que el hombre de 74 años detenido por realizar la amenaza de bomba durante el recital de Lali Espósito en San Juan se encuentra actualmente con prisión domiciliaria, luego de que un informe médico desaconsejara su permanencia en comisaría.

“La investigación comenzó el viernes, apenas se realizó la llamada. Se activó de inmediato la salvaguarda de las personas que estaban en el lugar y se procedió al desalojo ordenado del estadio, sin provocar alarma, lo que evitó posibles lesiones en un público compuesto por personas con discapacidad, niños y adultos mayores”, destacó Mattar, quien también felicitó al personal de la Policía de San Juan y a Bomberos por el operativo desplegado.

El fiscal explicó que la División de Análisis y Apoyo Tecnológico de la Policía fue clave para dar con el autor del llamado. “El trabajo de ellos ha sido brillante. En 48 horas ya sabíamos quién era la persona que había realizado el llamado. Lo que faltaba era localizar su ubicación física actual y la de ese momento, lo que demoró un poco más la detención”, detalló.

Respecto al número utilizado para hacer la amenaza, el fiscal aclaró que pertenecía al propio acusado. “El chip lo tiene desde su momento de compra del aparato y lo iba cambiando a distintos teléfonos. El aparato desde el cual se hizo el llamado ya no estaba en uso, lo había descartado meses antes, y todo este seguimiento nos llevó a la individualización de la persona, sus contactos y demás elementos”.

Hasta el momento, el detenido reconoció informalmente su responsabilidad. “Ha dicho que se mandó la macana y nada más. Eso es lo que tenemos por ahora”, indicó Mattar. Sin embargo, la investigación continúa y se analizarán entre seis y diez dispositivos que fueron secuestrados en el allanamiento, con el objetivo de determinar si hubo una motivación más profunda o alguna conexión política o ideológica detrás del hecho. “En principio estaría descartado, pero no lo podemos afirmar hasta que se periten todos los elementos”, sostuvo.

La causa está caratulada como amenazas agravadas por el anonimato en concurso con intimidación pública. “Desde el inicio de la causa está presente el delito de intimidación pública. Pero ahora estamos en análisis de una figura más grave, porque la intención fue claramente lograr que se detuviera el recital, lo que encuadraría en una amenaza agravada grave”, indicó el fiscal.

Consultado sobre las penas previstas, Mattar explicó que la intimidación pública tiene una pena de entre 2 y 6 años, mientras que las amenazas agravadas pueden alcanzar hasta los 10 años en su forma más grave. “La mayoría de estas figuras tienen pena efectiva. Se evaluará si el cumplimiento es en suspenso o domiciliario según los antecedentes del imputado. En este caso, por su edad y por razones de salud, se determinó prisión domiciliaria con custodia policial”.

En cuanto a los pasos siguientes, el fiscal señaló que en las próximas horas se pedirá la audiencia para formalizar la imputación y se reunirán los últimos elementos que permitan definir la calificación legal definitiva. Mientras tanto, la medida de prisión domiciliaria continuará vigente.

“El objetivo ahora es determinar con precisión si hay elementos que agraven aún más la situación del imputado y, de ser así, pedir la pena correspondiente”, cerró el fiscal.