San Martín: Un barra deberá pagar $150.000 por víctima y cumplir tareas comunitarias para frenar su avance judicial
Un integrante de la barra brava de San Martín logró detener el avance de la causa en su contra mediante un acuerdo judicial que incluye una reparación económica y obligaciones estrictas durante un año. Se trata de Marcelo Gerardo González Pereyra, conocido como “Puchi”, miembro de la facción “La Banda del Pueblo Viejo”.
El hombre, detenido tras los disturbios internos del 22 de septiembre, enfrentaba cargos por amenazas, daños, lesiones y violación de domicilio. Como no registra condenas previas, la Fiscalía Genérica aceptó que accediera a la suspensión de juicio a prueba, un mecanismo excepcional utilizado en casos de baja escala penal.
El acuerdo contempla la entrega de $900.000, suma que será distribuida entre las seis personas que denunciaron haber sido agredidas durante el violento episodio. Cada una recibirá $150.000, pagados en cuotas mensuales que se ajustan a las posibilidades económicas del imputado y fueron validadas por los damnificados.
Además de la compensación económica, González Pereyra deberá realizar tareas comunitarias en un municipio que no sea Capital. La fiscal del caso, Daniela Pringles, pidió expresamente que el trabajo no se desarrolle allí para evitar un posible cruce con integrantes de la facción rival, “Nueva Generación”, que tiene presencia en esa zona. La Oficina de Medidas Alternativas será la que decida finalmente el destino del cumplimiento, con Rawson como primera opción.
Durante los doce meses que dure el periodo de prueba, “Puchi” deberá mantenerse alejado de las víctimas, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes y respetar todas las condiciones fijadas. Solo si completa cada una de ellas, la causa quedará archivada; si falla, el expediente volverá al proceso judicial ordinario.
