Escándalo en Caucete: Suspenden a dos ediles por una denuncia de presunta extorsión
El Concejo Deliberante de Caucete resolvió este jueves suspender a los concejales opositores Emanuel Castro y Ramiro Fernández, ambos integrantes del bloque Cambia San Juan, tras una fuerte denuncia presentada por una asesora legislativa que los acusó de exigirle parte de su sueldo para mantener su puesto.
La denuncia fue radicada por Cristina García, secretaria del bloque, quien aseguró que desde diciembre de 2023 se vio obligada a entregar el 50% de su salario mediante transferencias bancarias y operaciones digitales. Según fuentes judiciales, también relató presiones en su domicilio y afirmó que una carta que presentó ante el Concejo en abril la habría firmado bajo coerción.
La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que ya analiza documentación y pruebas digitales aportadas por la denunciante.
Sesión tensa y cruce dentro del recinto
Durante la sesión ordinaria de este jueves, el presidente del cuerpo, José Luis Giménez, leyó la resolución y notificó la suspensión a ambos ediles. Sin embargo, Castro y Fernández se negaron a abandonar el recinto, lo que generó un fuerte cruce con Giménez, quien advirtió que levantaría la sesión si persistía el desacato.
La situación se desarrolló en un contexto de crecientes tensiones internas dentro del Concejo caucetero, donde en las últimas semanas varios ediles se retiraron o bloquearon sesiones alegando falta de garantías institucionales. Desde el oficialismo, en tanto, sostienen que la oposición buscaba dilatar el tratamiento de la suspensión y evitar que la denuncia avanzara.
La Justicia investiga posibles delitos
La presentación judicial incluye referencias a delitos como exacciones ilegales, extorsión y abuso de autoridad. La Fiscalía deberá determinar si los hechos denunciados constituyen conductas delictivas y si corresponde impulsar acciones penales contra los funcionarios ahora suspendidos.
La decisión del Concejo marca un nuevo capítulo en la crisis institucional que vive Caucete y abre un frente judicial que podría tener consecuencias políticas directas para los ediles implicados.
