Robaban las meriendas escolares y las vendían en el mercado negro
Una investigación que empezó casi por casualidad terminó destapando una trama insólita: una banda robaba parte de las meriendas destinadas a las escuelas públicas de San Juan y las revendía como si fueran productos comunes de almacén. Este viernes, el caso salió a la luz en Tribunales y dejó al descubierto un circuito clandestino que, según sospecha la fiscalía, pudo haber funcionado durante más de dos años.
Los detenidos son Víctor Ceferino Sosa, dueño de una empresa de transporte; su chofer, Juan Arnaldo Sisterna; y Débora Romina Castro, la mujer que acopiaba la mercadería en su casa del Loteo 38 de Chimbas. Todos terminaron frente al juez de Garantías Alberto Caballero, después de una serie de allanamientos dirigidos por la fiscal Claudia Salica y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez.
Una pista mínima que reveló una estafa gigante
Todo comenzó en junio, cuando la policía investigaba un robo en un supermercado del Lote Hogar 38. Durante las vigilancias, los efectivos notaron algo que no cerraba: un camión aparecía seguido en la casa de Castro, descargaba cajas y se iba. La escena se repetía a diario y siempre de noche, lo que disparó las sospechas.
Con el tiempo, la fiscalía logró reconstruir el circuito completo. La empresa La Nobleza, encargada de abastecer con desayunos y meriendas a los establecimientos educativos, había contratado a la firma de Sosa para hacer el reparto. Y en esos trayectos, según la acusación, Sisterna desviaba parte de la carga y la entregaba clandestinamente en la vivienda de Castro.
Las cámaras del CISEM y de casas vecinas fueron clave: mostraron el camión cargado saliendo del depósito, frenando en Chimbas, descargando en minutos, y luego una larga fila de autos particulares que pasaban a retirar las cajas a cambio de dinero. Un circuito aceitado, constante y silencioso.
Allanamientos y un botín que indigna
Con esa evidencia, la fiscalía ordenó allanar cinco domicilios. Lo que encontraron confirma la magnitud de la estafa:
300 cajas completas con budines, alfajores, galletas, leche, avena, mate cocido y otros productos del plan alimentario escolar.
470 paquetes sueltos de galletas dulces, pastafrolas, yerba, café, azúcar, cereales y chocolatadas.
Cientos de bolsas oficiales vacías.
Documentación que ahora será analizada.
El detalle más grave: parte de la mercadería secuestrada correspondía a la gestión provincial anterior, lo que refuerza la hipótesis de que el fraude llevaba años sin ser detectado. El perjuicio económico no fue calculado, pero en la fiscalía todos coinciden en que se trata de un daño millonario.
Un condenado, dos bajo investigación y una trama abierta
En la audiencia de este viernes, el chofer Sisterna admitió su responsabilidad y aceptó un juicio abreviado: recibió 3 años de prisión condicional.
Castro, en cambio, se negó a reconocer los hechos porque ya tiene una pena en suspenso. Si acepta una condena, va presa. Por eso quedó con prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.
Sosa, el transportista, optó por no declarar y rechazó la imputación a través de su abogado.
El juez Caballero homologó la pena para Sisterna y otorgó seis meses de investigación formal para determinar el rol y la posible responsabilidad de los otros dos imputados. La fiscalía cree que no actuaban solos.
