La defensa de José Castro: “No hay complejidad probatoria ni perjuicio acreditado”

El abogado Marcelo Fernández, defensor del intendente de Angaco José Castro, aseguró que la situación judicial de su cliente “es la misma que viene teniendo desde un principio” y explicó que lo único que ocurrió recientemente fue “una suspensión del debate” hasta que se resuelva una propuesta de acuerdo presentada ante la Cámara.

“El trámite normal es la vista al Ministerio Público Fiscal para que se exprese y, una vez que lo haga, el tribunal estará en condiciones de decidir si procede esta propuesta que formulé en nombre del intendente”, explicó.

Fernández fue enfático en aclarar que no se trata de un acuerdo cerrado sino de “una propuesta de acuerdo que establece el Código Penal”.

De qué se lo acusa

Sobre el origen de la causa, el abogado precisó que a Castro se le atribuye “la utilización de bienes del municipio en beneficio propio”, en referencia a la presencia de una máquina municipal en inmediaciones de un terreno vinculado al intendente.

Sin embargo, relativizó la gravedad del expediente: “Ustedes hablan de una causa extensa. En absoluto lo es. Es un expediente que tiene un cuerpo y medio. No hay complejidad probatoria ni demasiados implicados como para que se le pueda dar el mote de causa compleja”.

Y agregó: “La denuncia se hizo en 2019. Podría haberse llevado a juicio en un año si el Ministerio Público quería hacerlo. Sin embargo, pasaron siete años y la causa estuvo prácticamente planchada”.

Según sostuvo, “los únicos movimientos que hubo fueron un requerimiento de instrucción y un requerimiento de elevación a juicio en siete años”.

“Se armó una escena”

Fernández también deslizó sospechas sobre el origen del caso. “A mi modo de ver, sí”, respondió cuando fue consultado si entendía que pudo haberse armado una escena.

“Era una máquina que supuestamente estaba para nivelación en un terreno que ya estaba nivelado. Estaba estacionada, sacan una foto y creo que hacen un video. Quien lo hace era una persona vinculada al Concejo, de un color político distinto al del intendente”, afirmó.

Y añadió: “Es como si yo le paro una máquina en la puerta de su casa, le saco una foto y voy a la policía a denunciarlo”.

También aseguró que el propio Castro desconocía la situación: “Lo llaman después por teléfono y le dicen ‘Mirá lo que anda circulando’”.

La propuesta de acuerdo y la “paz social”

El defensor explicó que la herramienta utilizada no implica reconocimiento de culpabilidad.

“El único instituto donde se admite participación es el juicio abreviado, y esto no tiene nada que ver con eso”, sostuvo.

Y aclaró: “La conciliación no está vedada para ningún funcionario público. Lo que buscamos es aplicar un instituto que prevé la ley para reparar un eventual perjuicio y aspirar a la paz social”.

Fernández remarcó que, según antecedentes administrativos, “el propio Tribunal de Cuentas determinó que no había existido perjuicio”.

Por eso, señaló: “No se está reparando un perjuicio. Se está reparando, si quedara alguna duda, de manera simbólica un daño que no está determinado”.

“El ejercicio de un derecho no puede ser delito”

Respecto a la nueva denuncia impulsada por la fiscal de Cámara Silvina Geradu, el abogado dijo desconocer los términos formales, pero cuestionó el encuadre.

“Venir a decir que un órgano legislativo, porque presta conformidad a una propuesta de acuerdo, está cometiendo un delito, es un absurdo”, afirmó.

Y agregó: “El ejercicio de un derecho nunca puede constituir un delito”.

También planteó que, si se hablara de encubrimiento, “uno también podría pensar que la causa duró tantos años porque alguien encubrió. ¿Y quién era el titular de la acción? El Ministerio Público Fiscal”.

De todos modos, aclaró: “No estoy acusando a nadie. Digo que si vamos a hablar en esos términos, hay que hacerlo en concreto”.

“El intendente estuvo sometido a la Justicia desde el día uno”

Finalmente, Fernández subrayó que Castro “se sometió a la Justicia desde el día uno, no dilató el proceso” y que la defensa no tiene herramientas para acelerar una causa.

“La defensa no hace requerimientos. Eso es facultad exclusiva del Ministerio Público”, explicó.

Sobre la nueva denuncia, concluyó: “Entiendo que no debería prosperar. Hay infinidad de denuncias que ingresan y no prosperan por no tener anclaje en una figura delictiva”.

Y cerró con una definición central de su postura: “El ejercicio de una facultad acordada por la Constitución nunca puede convertirse en delito”.