El Senado convirtió en ley la baja de imputabilidad a los 14 años y desató un fuerte cruce político
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, el Senado sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil y estableció que la edad de imputabilidad en Argentina bajará de 16 a 14 años. La medida, impulsada originalmente durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, quedó convertida en ley tras su aprobación previa en Diputados y ahora espera reglamentación.
La votación dejó expuesta una grieta profunda en la Cámara Alta, con discursos de alto voltaje y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el peronismo.
Un cambio estructural en el sistema penal juvenil
La nueva norma crea un sistema especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con órganos judiciales específicos y procedimientos diferenciados respecto del régimen de adultos.
Entre los puntos centrales:
Se aplicará la privación de libertad únicamente en delitos graves y bajo criterios de excepcionalidad.
Los menores no podrán compartir espacios de detención con adultos.
Se priorizan medidas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño, monitoreo electrónico y programas educativos.
Se establece la intervención de equipos interdisciplinarios en casos vinculados a salud mental o consumos problemáticos.
Se crea la figura de un supervisor judicial especializado para acompañar los procesos de reinserción.
El texto también otorga mayor protagonismo a las víctimas, que podrán intervenir en audiencias, recibir asistencia psicológica y oponerse a determinadas decisiones del Ministerio Público Fiscal.
El discurso que encendió el recinto
Durante el debate, Patricia Bullrich defendió la reforma con un mensaje enfático: sostuvo que el Estado “no puede mirar para otro lado” y afirmó que “cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad”.
En el tramo final, la senadora vinculó la votación con un cambio de paradigma y aseguró que se trataba de “votar justicia y responsabilidad”, en un mensaje con fuerte tono político dirigido a la oposición.
Tras su intervención, se pidió un minuto de silencio por las víctimas de delitos cometidos por menores, gesto que terminó involucrando a todo el recinto.
Críticas por inconstitucionalidad y falta de fondos
El bloque peronista votó en contra y cuestionó tanto el enfoque punitivo como la viabilidad financiera del régimen.
Uno de los ejes más discutidos fue el presupuesto asignado: $23.700 millones para ser distribuidos entre las provincias. Desde la oposición señalaron que esa cifra sería insuficiente para adecuar infraestructura y crear centros especializados.
También se plantearon objeciones constitucionales. Algunos senadores advirtieron que la norma podría generar litigiosidad y conflictos judiciales, especialmente por la interpretación del principio de culpabilidad disminuida en menores de edad.
Desde el oficialismo respondieron que la discusión no puede limitarse a una cuestión presupuestaria y defendieron la necesidad de establecer consecuencias penales claras para delitos graves cometidos por adolescentes.
Qué cambia a partir de ahora
Con la promulgación pendiente, la Argentina tendrá un nuevo régimen penal juvenil que modifica uno de los ejes más sensibles del sistema judicial.
El desafío inmediato será su implementación práctica: capacitación de jueces y fiscales, adecuación de infraestructura, creación de equipos técnicos y coordinación con las provincias.
Más allá del texto aprobado, la discusión de fondo quedó instalada: cómo equilibrar seguridad, derechos de las víctimas y protección integral de las infancias en un contexto social complejo.
