Gremios docentes contraatacan: Denuncian que el 75% de clases obligatorias “vacía” el derecho a huelga
El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y promete escalar. Los gremios UDAP, UDA y AMET presentaron un recurso jerárquico contra las resoluciones del Gobierno que obligan a garantizar un 75% de clases durante los paros, y denunciaron que la medida es “ilegal e inconstitucional”.
La jugada sindical apunta a frenar de inmediato la aplicación de estas disposiciones, que consideran una avanzada directa sobre el derecho a huelga.
El punto caliente: el servicio mínimo
La normativa oficial exige que, incluso en medio de una medida de fuerza, las escuelas mantengan un nivel alto de funcionamiento y que los sindicatos presenten un plan detallado para sostener el servicio.
Para los gremios, esto desnaturaliza cualquier protesta. Sostienen que imponer un 75% de actividad convierte la huelga en una herramienta “vacía”, sin impacto real.
La discusión de fondo
Uno de los ejes más fuertes del planteo es que la educación no puede ser considerada un servicio esencial en sentido estricto. Bajo ese argumento, afirman que el Gobierno no puede imponer restricciones tan severas al derecho de huelga.
Además, advierten que las obligaciones fijadas no están contempladas en la legislación vigente, por lo que se estaría forzando un esquema por fuera de la ley.
Críticas al procedimiento
El reclamo también pone el foco en cómo se tomaron las decisiones. Los sindicatos cuestionan que no hubo instancias previas de negociación ni intervención de organismos que deberían actuar en este tipo de conflictos.
Según remarcan, se avanzó de manera unilateral, sin respetar los pasos administrativos obligatorios.
Un Estado “parte” y no mediador
En el plano político, el documento es aún más duro. Acusa a la autoridad laboral de haber dejado de lado su rol de árbitro imparcial para alinearse con el Gobierno como empleador.
Para los gremios, esto rompe las reglas del juego en medio de una negociación ya tensa.
Escenario abierto
Con este recurso, los sindicatos buscan que se anulen las resoluciones y que se suspendan sus efectos de forma inmediata. Pero el trasfondo es más profundo: la discusión ya no es solo salarial, sino sobre los límites del poder estatal frente a un conflicto laboral.
El enfrentamiento, lejos de enfriarse, entra en una nueva fase y deja abierta la puerta a una posible batalla judicial.
