Padres autoconvocados de la UNSJ exigen clases y advierten con acciones legales
Familias de los institutos preuniversitarios reclaman garantizar el 75% del servicio educativo y cuestionan la falta de respuestas del Rectorado.
En medio del conflicto que afecta el normal dictado de clases, padres autoconvocados de los institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) hicieron público un duro comunicado en el que exigen medidas urgentes para garantizar la continuidad educativa de sus hijos.
El documento, fechado el 16 de marzo, reúne a familias de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario, quienes se manifestaron en defensa del derecho a la educación obligatoria. “No cuestionamos el derecho a la protesta, pero exigimos el derecho a aprender”, señalaron, marcando una postura firme frente a las medidas de fuerza docentes.
Reclamo por el cumplimiento de la ley
Uno de los puntos centrales del planteo es el cumplimiento de la normativa vigente, que establece la obligación de garantizar un servicio educativo mínimo del 75% incluso en contextos de conflicto. Según denunciaron, la interrupción de clases por adhesión a medidas de fuerza constituye un incumplimiento que debe ser resuelto de inmediato por las autoridades.
Además, apuntaron directamente contra el Rectorado de la UNSJ, al que responsabilizan por la falta de respuestas a reclamos previos. En ese sentido, exigieron que se asegure el dictado de contenidos y la continuidad pedagógica “de forma inmediata”.
Preocupación por el impacto en los alumnos
Las familias advirtieron sobre las consecuencias concretas que la falta de clases genera en los estudiantes: pérdida de contenidos, acumulación de evaluaciones en plazos reducidos, necesidad de apoyo externo y afectación del bienestar emocional.
También manifestaron inquietud por presuntas irregularidades, como casos en los que docentes registrarían asistencia sin dictar clases efectivas, lo que —según indicaron— agrava la situación y transmite un mensaje negativo en términos de responsabilidad y ética.
Plazo de 48 horas y posible amparo colectivo
En paralelo, los padres presentaron un reclamo formal ante las autoridades universitarias, en el que otorgan un plazo máximo de 48 horas hábiles para obtener respuestas concretas. Entre los pedidos, solicitan:
Un plan oficial que garantice el 75% del servicio educativo.
Medidas para evitar la interrupción total de actividades.
Un cronograma de recuperación de contenidos.
Mecanismos de control sobre el efectivo cumplimiento de las tareas docentes.
Finalmente, advirtieron que, en caso de no obtener soluciones, avanzarán con una acción de amparo colectivo y darán intervención a organismos como la Defensoría del Pueblo y autoridades nacionales y provinciales.
El conflicto suma así un nuevo capítulo, con familias que decidieron pasar a la acción ante lo que consideran una vulneración del derecho a la educación de sus hijos.
