“Basta con los chicos”: Más de 600 padres van a la Justicia por los paros en colegios preuniversitarios

Denuncian pérdida de clases, daño emocional y exigen que la UNSJ garantice el 75% de actividad. Preparan un amparo colectivo ante la falta de respuestas del rectorado.

El conflicto por los paros docentes en los colegios preuniversitarios dejó de ser una discusión exclusiva del ámbito gremial y pasó a instalarse con fuerza en las familias. Más de 600 padres decidieron autoconvocarse y avanzar con medidas concretas para frenar lo que consideran un deterioro sostenido en la educación de sus hijos.

Adan Rodríguez, uno de los voceros del grupo, explicó que el reclamo no tiene tinte político ni responde a disputas presupuestarias. “Nos une el derecho de nuestros hijos a aprender. Son en su mayoría menores y están siendo perjudicados”, sostuvo.

Inicio de clases con fuerte impacto

La situación, aseguran, es crítica. En el inicio del ciclo lectivo 2026, los estudiantes prácticamente no han tenido clases. “Ya llevamos varios días donde no han tenido actividad. Hay chicos que asisten solo una hora o directamente no tienen clases”, advirtió.

El problema no es nuevo. Durante 2025, según indicaron, se perdieron más de 30 días de clases, lo que generó un fuerte impacto académico que todavía arrastran. Por eso, este año decidieron intervenir de manera directa.

Consecuencias en los estudiantes

Los padres remarcan que el daño no es solo educativo. También hablan de consecuencias emocionales y sociales. Desmotivación, angustia y pérdida de hábitos de estudio aparecen como efectos visibles en los estudiantes, que además enfrentan evaluaciones con contenidos que no fueron dictados.

“Les exigen temas que nunca vieron en clase. Muchos tienen que recurrir a clases particulares para no quedarse atrás, y no todos pueden hacerlo”, explicó Rodríguez.

Exigencia al rectorado

Frente a este escenario, el grupo presentó una nota formal ante el rectorado solicitando que se garantice un mínimo del 75% de dictado de clases, en línea con la normativa que considera a la educación como un servicio esencial.

Sin embargo, aseguran que no obtuvieron ninguna respuesta. “Dimos un plazo de 48 horas y no tuvimos ningún tipo de contacto. Ni siquiera una devolución informal”, cuestionó.

Avance hacia la vía judicial

Ante el silencio institucional, los padres comenzaron a organizar una estrategia legal. La principal herramienta será la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Federal para obligar a la universidad a garantizar el funcionamiento del sistema educativo.

En paralelo, evalúan avanzar con presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, además de realizar movilizaciones para visibilizar el reclamo.

Críticas a la Defensoría del Pueblo

Otro punto que generó fuerte malestar fue la respuesta de la Defensoría del Pueblo, que se declaró incompetente para intervenir. Según señalaron, el argumento fue que se trata de un conflicto entre la universidad y el Estado Nacional.

“Nos dicen que no tenemos injerencia, pero somos los padres de los chicos afectados. Es difícil de comprender”, planteó Rodríguez.

Un conflicto que sigue creciendo

El escenario, lejos de encontrar una salida, suma tensión con el anuncio de nuevas medidas de fuerza. Mientras tanto, las familias ya dejaron en claro que no están dispuestas a repetir lo ocurrido el año pasado.

“Vamos a hacer todo lo necesario para que nuestros hijos tengan clases. No podemos seguir así”, concluyó.