“No se puede dudar más: Esto puede ser un escándalo de corrupción con riesgo sanitario”
Un informe técnico reaviva el escándalo del Acueducto Gran Tulum. Denuncian que se compraron materiales no aptos, apuntan a responsabilidades políticas y exigen una reacción inmediata de la Justicia.
La polémica por el Acueducto Gran Tulum escaló a un nuevo nivel tras conocerse detalles de informes técnicos que cuestionan de raíz la calidad de los materiales adquiridos durante la gestión anterior. Las conclusiones son alarmantes y ya no se habla solo de un posible caso de corrupción: también se advierte sobre un eventual riesgo para la salud pública.
“No se puede dudar más: esto puede ser un escándalo de corrupción con riesgo sanitario”, advirtió el abogado Marcelo Arancibia en declaraciones radiales, al analizar la documentación que ya está en manos de la Justicia. En la misma línea, fue contundente: “Compraron caños que podían contaminar a la población: es gravísimo”.
Según explicó, los informes técnicos —incluida una auditoría de una firma internacional— indican que las tuberías adquiridas no eran aptas para transportar agua potable, lo que abre un escenario de extrema preocupación. “Esto ya no es solo corrupción: pudo haberse puesto en riesgo la salud pública”, sostuvo.
Un paralelismo inquietante
El letrado incluso comparó la situación con antecedentes judiciales de alto impacto en el país. “Esto recuerda a tragedias evitables: hubo advertencias que se ignoraron”, señaló, en alusión a casos donde informes técnicos previos alertaban sobre riesgos que finalmente se concretaron.
En ese sentido, planteó una hipótesis aún más grave: “Si sabían lo que compraban, estamos ante un hecho deshumanizado”. Y agregó que, desde el punto de vista penal, la causa podría escalar: “Esto puede agravarse penalmente por poner en riesgo la salud pública”.
Presión sobre la Justicia
Con el expediente ya nutrido de documentación —incluidas decenas de cajas con antecedentes—, Arancibia reclamó medidas urgentes. “Los fiscales deben actuar de inmediato: allanar, secuestrar y peritar”, afirmó.
Para el abogado, la clave de la investigación está en la evidencia digital: “La prueba está en los celulares: ahí puede estar la verdad de la licitación”. Y advirtió sobre el paso del tiempo: “No hay margen para demoras: la investigación debe avanzar ya”.
Incluso fue más allá al señalar que, si no se actúa con rapidez, podrían perderse pruebas fundamentales: “Hay que investigar a fondo: no se puede escapar la verdad”.
Responsabilidades y sospechas
El foco no solo está puesto en la empresa proveedora, sino también en quienes diseñaron y aprobaron los pliegos técnicos. “No puede confundirse un caño para agua potable con uno para líquidos cloacales”, remarcaron durante la entrevista.
En ese marco, se investiga si hubo irregularidades desde el origen mismo del proceso licitatorio, incluyendo la posible desestimación de ofertas más económicas y técnicamente adecuadas.
Además, el caso suma un fuerte componente político. “No pensaron en la salud de los sanjuaninos: la obra tenía otra intencionalidad”, disparó Arancibia.
Una obra millonaria, bajo la lupa
El proyecto, que implicaba una inversión millonaria, hoy está prácticamente paralizado. Gran parte de los caños cuestionados ni siquiera fueron instalados y permanecen a la vista.
“Se perdieron millones en una obra que no servía y pudo ser peligrosa”, resumió el abogado. Y sintetizó el escenario con crudeza: “Pagaron millones por caños que no servían… y podían contaminar”.
Reclamo político y judicial
Finalmente, también hubo cuestionamientos al rol institucional. “La Cámara de Diputados no puede seguir mirando para otro lado”, sostuvo, reclamando mayor involucramiento en el seguimiento del caso.
Mientras tanto, la expectativa está puesta en el accionar del Ministerio Público Fiscal. “La Justicia debe actuar ya: hay elementos muy preocupantes”, concluyó.
