Acueducto Gran Tulum: Fiscalía de Estado avanza como querellante y no descarta un delito contra la salud pública

Sebastián Dávila confirmó que la Provincia ya analiza pruebas propias, mientras crece la hipótesis de irregularidades graves en la obra.

La investigación por el acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo clave: la Fiscalía de Estado se constituyó formalmente como parte querellante y ya trabaja con un esquema propio de análisis técnico sobre la documentación reunida en la causa.

Así lo confirmó el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, quien evitó adelantar conclusiones pero dejó definiciones importantes sobre el rumbo del proceso judicial y la gravedad potencial de los hechos investigados.

Investigación en marcha y con múltiples líneas de análisis

Dávila explicó que el equipo legal de la Provincia desarrolla un plan de trabajo independiente, aunque en coordinación y respeto con la labor de los fiscales que llevan adelante la causa.

En ese marco, detalló que el análisis se está realizando por etapas, abarcando desde el inicio de la contratación hasta la ejecución final de la obra, con equipos abocados a distintos tramos del proceso.

“Es un trabajo técnico, voluminoso y que requiere tiempo. No es una causa común”, sostuvo, remarcando que la complejidad del expediente obliga a una evaluación minuciosa antes de cualquier avance judicial.

El informe bajo la lupa: un indicio, no una conclusión

Respecto al informe que encendió las alarmas —y que ya está en manos de la Oficina de Servicios de Investigación (OSI) y de los fiscales—, Dávila fue prudente: lo calificó como un elemento más dentro del proceso.

“No se puede sacar una conclusión definitiva. Esto tiene que ser corroborado con otras pruebas, informes técnicos y peritajes especializados”, explicó.

En ese sentido, remarcó que cualquier hipótesis deberá sostenerse con evidencia sólida antes de avanzar en imputaciones o medidas más contundentes.

La salud pública, en el centro de la preocupación

Uno de los puntos más sensibles de la investigación gira en torno a la posible utilización de materiales inadecuados en la obra, lo que podría derivar —si se comprueba— en un delito grave.

Dávila reconoció que, en caso de confirmarse esa situación, podría configurarse una figura penal vinculada a la salud pública.

“Atentar contra la salud pública es un delito grave”, afirmó, aunque aclaró que aún es prematuro encuadrar jurídicamente los hechos sin la correspondiente verificación pericial.

Además, dejó abierta la posibilidad de que ese tipo de delito pueda concurrir con otras conductas, como eventuales hechos de corrupción.

La prueba, bajo resguardo

Ante la preocupación por una posible pérdida o manipulación de evidencia, el fiscal de Estado llevó tranquilidad: aseguró que la documentación principal ya se encuentra asegurada.

Sin embargo, no descartó que durante el análisis puedan detectarse faltantes correspondientes a etapas anteriores del proceso.

“No quita que en años anteriores haya podido desaparecer algún elemento. Eso se verá con el avance de la investigación”, indicó.

Posibles responsabilidades y rol de exfuncionarios

Consultado sobre la eventual citación de exfuncionarios, Dávila evitó anticipar escenarios, pero dejó en claro que el alcance de las responsabilidades dependerá exclusivamente de lo que surja de la prueba.

“Eso lo va a determinar la investigación. No se puede afirmar nada sin elementos concretos”, señaló.

Una querella activa y con línea propia

Desde Fiscalía de Estado confirmaron que, además de acompañar el proceso judicial, llevarán adelante una investigación propia con autonomía, con el objetivo de aportar elementos que permitan esclarecer los hechos.

“Vamos a defender el patrimonio de la provincia y los intereses de los sanjuaninos”, enfatizó Dávila.

Si bien no adelantó si ya cuentan con pruebas contundentes, sí reconoció que manejan información en análisis que podría ser incorporada más adelante a la causa.

Una causa compleja y de tiempos extendidos

Finalmente, el fiscal de Estado pidió cautela respecto a los tiempos del proceso, al explicar que este tipo de investigaciones —por su volumen documental y complejidad técnica— requieren plazos más extensos que otras causas penales.

“Los tiempos no son cortos, pero sí son firmes”, aseguró.

La causa por el acueducto Gran Tulum avanza así en un escenario de alta sensibilidad, donde se cruzan posibles irregularidades administrativas, sospechas de corrupción y un eventual riesgo para la salud pública, elementos que podrían derivar en consecuencias judiciales de gran impacto.