San Juan baja el tono judicial y desestima el planteo de La Rioja por Vicuña
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, aseguró que no existe notificación formal ni conflicto legal en curso. Desde la provincia consideran que la disputa es más mediática que jurídica.
En medio de la tensión creciente entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Vicuña y el debate sobre los límites interprovinciales, el Gobierno sanjuanino optó por enfriar el escenario judicial y llevar tranquilidad institucional. Desde la Fiscalía de Estado, el mensaje es claro: no hay, por ahora, ningún conflicto formal que amerite una acción legal.
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, fue contundente al referirse al tema y descartó de plano la posibilidad de avanzar en tribunales. “Por el momento no se está pensando en iniciar ningún tipo de acción”, afirmó, al tiempo que remarcó que la provincia no recibió ninguna notificación oficial que la involucre en un litigio.
Tensión política sin correlato judicial
Mientras desde La Rioja se impulsaron medidas y declaraciones que apuntan contra el desarrollo del proyecto minero, en San Juan sostienen que esa escalada no tiene respaldo en el plano jurídico. Dávila relativizó el alcance de esas acciones y las encuadró dentro de una lógica mediática.
“Son dichos o solicitudes que tienen carácter mediático y no trascienden. Hasta el momento no ha habido ninguna acción judicial ni nada que se le parezca”, aseguró el funcionario, marcando una clara diferencia entre el ruido político y la realidad legal.
En ese sentido, el fiscal dejó entrever que no existe, al menos por ahora, un escenario que pueda derivar en una disputa interprovincial ante instancias como la Corte Suprema.
Límites provinciales: una discusión cerrada
Uno de los ejes más sensibles del conflicto es el planteo sobre los límites entre ambas provincias. Sin embargo, desde la visión jurídica de San Juan, ese debate está completamente saldado.
“Bajo ningún concepto. No hay posibilidades. Eso está zanjado”, enfatizó Dávila, quien explicó que los límites fueron no solo acordados en su momento, sino también ratificados por leyes y avalados por las legislaturas provinciales.
El funcionario también subrayó la vigencia normativa de esos acuerdos: “Hay normas democráticas que emergen del Congreso que han avalado aquel acuerdo”, sostuvo, y agregó que incluso disposiciones dictadas en gobiernos de facto continúan vigentes mientras no sean derogadas.
Cautela frente al escenario minero
Consultado sobre posibles reclamos vinculados a la actividad minera en zonas limítrofes, el fiscal evitó especulaciones. “Prefiero no emitir ningún tipo de hipótesis porque sería contraproducente”, explicó, dejando en claro que la postura oficial es de prudencia ante un escenario aún abierto.
Tranquilidad institucional
Más allá del ruido político, en San Juan insisten en que no hay riesgos sobre la integridad territorial ni sobre el marco legal vigente. La estrategia, por ahora, es sostener la calma y evitar una escalada innecesaria.
“No genera nada, más que por ahí tener que salir a responder cosas que ya son pasadas”, expresó Dávila, quien cerró con una definición categórica: “Tengo la tranquilidad absoluta de que esos límites ya están jurídicamente bien asentados y no hay nada que hacer al respecto”.
De esta manera, la provincia busca desactivar el conflicto en el plano judicial, mientras la discusión continúa creciendo en el terreno político y mediático.
