La Justicia pone un freno en Santa Cruz y reaviva el conflicto por la ley de glaciares
Un fallo federal suspendió la aplicación de la reforma impulsada por el Gobierno nacional en territorio santacruceño. La medida abre un nuevo capítulo judicial y político en torno a la protección ambiental.
La disputa por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un capítulo clave en las últimas horas, luego de que un juez federal de Río Gallegos ordenara suspender su aplicación en la provincia de Santa Cruz. La decisión responde a un amparo ambiental presentado por el municipio de El Calafate y marca un freno inmediato a la normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El fallo, firmado por el magistrado Claudio Vázquez, establece que el Estado nacional deberá abstenerse de ejecutar cualquier medida derivada de la reforma dentro del territorio provincial, al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Un territorio clave bajo resguardo
La resolución judicial tiene un impacto directo en una de las zonas más sensibles del país desde el punto de vista ambiental. En Santa Cruz se encuentra el emblemático Glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, considerado una de las principales reservas de agua dulce de la Argentina.
El freno judicial apunta a evitar posibles efectos sobre estos ecosistemas hasta tanto se analice la constitucionalidad de la reforma.
El núcleo de la discusión
La modificación de la ley, aprobada el 9 de abril, introduce cambios sustanciales respecto a la norma original sancionada en 2010. Entre los puntos más controvertidos, se habilita a las provincias a definir qué áreas periglaciales pueden destinarse a actividades productivas, en especial la minería.
Desde el Ejecutivo nacional sostienen que esta flexibilización permitiría potenciar inversiones en sectores estratégicos como el litio, el cobre y el oro, bajo un esquema de evaluación específica por zona.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y sectores políticos advierten que los glaciares y su entorno cumplen un rol esencial como reservas hídricas, por lo que cualquier relajamiento en su protección podría generar consecuencias irreversibles.
Planteo de inconstitucionalidad y efecto dominó
El amparo impulsado por autoridades de El Calafate no solo cuestiona la aplicación de la reforma, sino que plantea directamente su inconstitucionalidad. Argumenta que la norma vulnera el derecho a un ambiente sano, consagrado en la Constitución Nacional.
El escenario ya comenzó a expandirse: otras provincias, como La Pampa, también avanzaron con presentaciones judiciales, lo que anticipa una disputa de alcance federal.
Un antecedente que vuelve al centro
El conflicto remite a una discusión ya saldada parcialmente por la Corte Suprema. En 2019, el máximo tribunal ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares de 2010, tras una demanda impulsada por la minera Barrick Gold.
En aquel fallo, la Corte estableció que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos estratégicos, y que debe prevalecer el interés colectivo —como el acceso al agua— por sobre intereses particulares.
Un debate abierto y de largo recorrido
La decisión del juez Vázquez no resuelve el fondo de la cuestión, pero sí redefine el escenario. Con la reforma frenada en Santa Cruz y nuevos amparos en marcha, el tema promete escalar en la Justicia y consolidarse como uno de los ejes centrales del debate nacional.
Entre el impulso a la actividad económica y la preservación de recursos naturales estratégicos, la discusión por la ley de glaciares vuelve a tensionar el equilibrio entre desarrollo y ambiente.
