“En la primera quincena de mayo vamos a presentar la ley en la Cámara”: El Gobierno apura la norma con 80% de empleo local para los proyectos mineros

En una entrevista con el periodista Juan Pereyra, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, confirmó que el Ejecutivo provincial ya transita la etapa final de elaboración de la modificación de la ley de proveedores —que pasará a tener un enfoque más amplio de desarrollo local minero— y puso fecha concreta para su ingreso a la Legislatura.

A lo largo del diálogo, el funcionario dejó en claro que los tiempos están definidos y que el proyecto será remitido en el corto plazo. “En la primera quincena de mayo vamos a presentar la modificación de la ley en la Cámara”, afirmó, marcando el horizonte inmediato de una iniciativa que viene siendo trabajada desde hace meses.

El ministro explicó que el Gobierno se encuentra cerrando el proceso de consultas con los distintos actores vinculados a la actividad minera. “Esta es la última semana de reuniones”, señaló, en referencia a una agenda que incluyó encuentros con cámaras empresarias, proveedores y representantes de distintos departamentos. En ese marco, agregó: “Estamos terminando la última ronda de consultas y dentro de la primera quincena de mayo podríamos estar presentando el proyecto definitivo”, lo que confirma que el texto ya ingresa en su tramo final de definición.

En cuanto al contenido de la iniciativa, Fernández detalló que uno de los ejes centrales será la promoción del empleo y de los proveedores locales, con metas específicas que deberán alcanzarse de manera progresiva. “La ley plantea un objetivo de alcanzar de manera progresiva el 80% de empleo local y el 60% de adquisiciones de bienes y servicios disponibles en la provincia”, explicó durante la entrevista.

El titular de Producción hizo hincapié en que estos porcentajes no serán de cumplimiento inmediato ni obligatorio en términos rígidos, sino que estarán vinculados a planes de desarrollo que deberán presentar las empresas. “Son objetivos, no son cupos coercitivos”, aclaró, y precisó que la clave estará en el seguimiento: “Tiene que haber un plan de desarrollo que indique cómo se van a alcanzar esos objetivos y lo que vamos a medir son las etapas que se vayan cumpliendo”.

Asimismo, el ministro introdujo una definición conceptual sobre el alcance de la normativa que impulsa el Ejecutivo. “No le llamamos ley de proveedores, preferimos hablar de ley de desarrollo local minero”, indicó, al explicar que el proyecto incorpora no solo aspectos vinculados a las contrataciones, sino también al empleo y al impacto en las comunidades.

En ese sentido, uno de los puntos abordados en la entrevista fue la necesidad de precisar qué se entiende por “local”, una discusión que ha estado presente en el sector. “Lo primero es definir qué es local: no es lo mismo local de Iglesia, local de Jáchal, local de San Juan o local nacional”, sostuvo Fernández, marcando uno de los criterios que buscará ordenar la futura ley.

El funcionario también se refirió a la relación con las empresas mineras en el marco de este proceso de elaboración. “Uno le pregunta a una empresa minera si prefiere o no una ley y la respuesta va a ser siempre que no”, expresó, al tiempo que señaló que se ha trabajado para acercar posiciones: “Hemos logrado algunos consensos trabajando sobre objetivos y no sobre cupos”.

De esta manera, con las consultas prácticamente concluidas y el envío previsto para la primera quincena de mayo, el proyecto se encamina a ingresar en la Cámara de Diputados, donde comenzará su tratamiento legislativo en las próximas semanas.