Golpe al esquema vitivinícola: La Nación desarma el financiamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina y redefine el rumbo del sector
En una decisión que reconfigura de raíz la organización de la actividad vitivinícola, el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei resolvió eliminar los aportes obligatorios que sostenían a la Corporación Vitivinícola Argentina y avanzar con el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola 2020. La medida, oficializada mediante la resolución 55/2026, marca un punto de inflexión en el modelo de articulación público-privada que regía desde hace más de una década.
El eje de la decisión apunta directamente al corazón del sistema: las contribuciones compulsivas que realizaban bodegas y productores, cuestionadas históricamente por parte del sector. Bajo la nueva lógica, el Ejecutivo busca desarticular mecanismos centralizados de financiamiento y trasladar la responsabilidad de inversión y planificación a cada actor de la cadena productiva.
En paralelo, se instruyó al Instituto Nacional de Vitivinicultura a cesar de inmediato la recaudación de estos aportes, cerrando así el circuito institucional que garantizaba los recursos del plan. A su vez, se dispuso la finalización de cualquier financiamiento público nacional vinculado al esquema estratégico.
Uno de los puntos centrales de la resolución establece un plazo de tres meses para la clausura formal del Plan Estratégico Vitivinícola 2020. Durante ese período, la Corporación Vitivinícola Argentina deberá presentar un informe integral que detalle ejecución, resultados, uso de fondos y nivel de cumplimiento de los objetivos planteados, con respaldo documental.
El trasfondo de la medida revela un conflicto de larga data dentro del sector. Mientras entidades como Bodegas de Argentina venían impulsando la eliminación de los aportes obligatorios, otros espacios defendían la continuidad de la COVIAR como herramienta clave para la promoción internacional, la innovación y la coordinación de políticas sectoriales.
El impacto ya genera lecturas contrapuestas en provincias con fuerte perfil vitivinícola como San Juan y Mendoza. Para algunos productores, la decisión implica un alivio económico inmediato; para otros, abre un escenario de incertidumbre sobre cómo se sostendrán, sin una estructura central, las estrategias de desarrollo y posicionamiento del vino argentino en los mercados globales.
