José Castro perdió su última carta en la Justicia: la Corte ratificó el fallo por 28 trabajadores
La extensa batalla judicial entre la Municipalidad de Angaco y un grupo de 28 empleados municipales llegó a su fin. La Corte de Justicia de San Juan rechazó el recurso extraordinario presentado por la gestión del intendente José Castro y dejó firme la sentencia que había favorecido a los trabajadores en instancias anteriores.
La resolución representa un duro revés para el jefe comunal, que había apostado a la intervención del máximo tribunal provincial para revertir una causa que se arrastra desde hace varios años y que tuvo como eje la estabilidad laboral de los agentes involucrados.
El origen del conflicto
La historia comenzó con una serie de decisiones administrativas adoptadas durante la gestión municipal y posteriormente cuestionadas por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), que acudió a la Justicia mediante una acción de amparo para defender la situación laboral de 28 trabajadores.
En el centro de la disputa aparecieron un decreto municipal y una ordenanza vinculados a la continuidad de esos empleados dentro de la estructura municipal. El gremio consideró que las medidas afectaban derechos adquiridos y decidió judicializar el conflicto.
El primer fallo favorable a los trabajadores
Tras analizar el caso, la Justicia hizo lugar al planteo sindical y otorgó una resolución favorable a los empleados. Esa decisión fue posteriormente confirmada en segunda instancia, donde los jueces rechazaron los argumentos presentados por la Municipalidad.
Lejos de dar por terminada la discusión, el municipio decidió avanzar con una nueva ofensiva judicial y presentó un Recurso Extraordinario Provincial ante la Corte de Justicia.
La estrategia judicial del municipio
En su presentación, la gestión de José Castro intentó demostrar que existían irregularidades en el proceso que había derivado en la sentencia favorable a los trabajadores.
Entre otros argumentos, sostuvo que el decreto cuestionado era inválido, que el acuerdo homologado judicialmente presentaba defectos y que existían vicios administrativos que justificaban la nulidad de las actuaciones.
También insistió en que no se habían cumplido determinados procedimientos previos y que la controversia debía haber transitado otras instancias antes de llegar a la Justicia.
Las observaciones de la Cámara
Sin embargo, antes de llegar a la Corte, la Cámara de Apelaciones ya había marcado severas críticas a la postura municipal.
Los magistrados consideraron que varios de los argumentos fueron introducidos tardíamente y señalaron contradicciones entre los planteos originales y los expuestos durante la apelación.
Esa situación debilitó considerablemente la estrategia jurídica impulsada por la Municipalidad y dejó al recurso extraordinario como la última posibilidad para revertir el escenario.
El análisis de la Corte
Al estudiar el expediente, la Corte de Justicia concluyó que el recurso presentado por el municipio no cumplía con los requisitos legales necesarios para ser tratado.
Los ministros advirtieron inconsistencias en la formulación de los agravios, falta de precisión respecto de los planteos realizados y deficiencias formales que impedían avanzar sobre el fondo de la cuestión.
Además, remarcaron que la presentación contenía errores técnicos y omisiones documentales consideradas relevantes para la admisibilidad del recurso.
El final de la disputa
Con esos fundamentos, la Sala Segunda de la Corte resolvió rechazar el Recurso Extraordinario Provincial y dejar firme la sentencia que había favorecido a los 28 trabajadores municipales.
La decisión significa el cierre definitivo de una disputa que atravesó varias instancias judiciales y que tuvo al municipio intentando revertir sin éxito los fallos adversos.
Para la gestión de José Castro, el pronunciamiento representa una derrota judicial de peso. Para los trabajadores involucrados, en cambio, implica la consolidación de una posición que lograron sostener a lo largo de todo el proceso judicial.
