Computadoras para la Policía: Ginsberg confirmó cinco imputados y una investigación de un año para seguir la ruta de los $90 millones
El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg, confirmó la formalización de la causa que investiga la compra de computadoras y tablets destinadas a la Policía, un expediente que ya tiene cinco personas imputadas por presunto fraude en perjuicio de la administración pública. Entre los acusados figuran tres policías que integraban la comisión de recepción de los equipos, un ingeniero de la Secretaría de Seguridad y la apoderada de la firma proveedora SSH Emprendimientos.
Durante una rueda de prensa, Ginsberg explicó que a los efectivos policiales también se les atribuyó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Se le ha imputado a cinco personas, son tres policías que integraban la comisión de recepción, un ingeniero que trabajaba en la Secretaría de Seguridad y la proveedora del Estado, la apoderada de SSH Emprendimientos”, detalló. Además, indicó que la Justicia otorgó un plazo de un año para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria.
Uno de los puntos centrales de la pesquisa está relacionado con la aparición de las 120 computadoras y 10 tablets que habían sido adquiridas por el Estado. Según relató el fiscal, en julio de 2025 la representante de la empresa informó que los equipos se encontraban en un depósito ubicado sobre Avenida Rawson. Sin embargo, el lugar pertenecía a otra firma. Tras un allanamiento y el secuestro de los dispositivos, una pericia informática determinó que, aunque la cantidad coincidía con la compra realizada, “no eran la calidad que se había comprado y ya pagado”, sostuvo Ginsberg.
El funcionario judicial explicó que la investigación busca determinar si los equipos fueron incorporados tiempo después para aparentar el cumplimiento de la contratación. “Es una posibilidad. La teoría del caso del Ministerio Público viene a que, por distinta información que vamos recabando, estas computadoras con posterioridad a la compra y cuando ya se estaba investigando aparecieron en este depósito”, afirmó. También reveló que entre los imputados se encuentra un ingeniero de apellido Faba, quien había elaborado un informe detallando la ubicación de las computadoras en distintas dependencias policiales.
La operación bajo investigación fue concretada en mayo de 2023 por un monto de 90 millones de pesos. Ahora la fiscalía avanzará sobre el análisis financiero del expediente para reconstruir el destino del dinero. “No se sabe dónde fue a parar”, reconoció Ginsberg al ser consultado sobre los fondos abonados por el Estado. En ese sentido, adelantó que solicitarán el levantamiento del secreto bancario y otras medidas de prueba. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Luis Martínez, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de la Policía, y no se descarta que puedan surgir nuevos implicados a medida que avance la investigación.
