San Juan, en el centro del debate por la venta de tierras a extranjeros
La intención del Gobierno nacional de modificar la Ley de Tierras Rurales volvió a abrir un fuerte debate político sobre la extranjerización del suelo argentino. En ese escenario, San Juan aparece entre las provincias con mayor porcentaje de territorio en manos de propietarios extranjeros, una situación que despertó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, el 10,3% del territorio sanjuanino pertenece a titulares extranjeros, ubicando a la provincia entre las de mayor participación foránea del país. El mayor porcentaje se concentra en departamentos cordilleranos como Iglesia, Calingasta y Jáchal, donde además se encuentran importantes recursos minerales y reservas hídricas.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo busca modificar la Ley 26.737, vigente desde 2011, eliminando el límite que hoy establece que las personas o empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la superficie rural de una provincia, un departamento o del territorio nacional.
Desde sectores de la oposición advierten que la legislación actual no impide las inversiones extranjeras, sino que fija un límite para evitar una concentración excesiva de tierras en manos foráneas. En ese sentido, sostienen que la reforma representa un riesgo porque permitiría avanzar sobre áreas consideradas estratégicas para el país.
Entre los principales argumentos plantean que la tierra no debe analizarse únicamente como un activo económico, sino también como un recurso vinculado a la soberanía nacional, la protección de las reservas de agua dulce, la producción de alimentos, el desarrollo de la minería y el resguardo de las zonas de frontera. En el caso de San Juan, remarcan que la ubicación cordillerana y la riqueza en minerales críticos convierten a la provincia en un territorio de especial interés estratégico.
Además, recuerdan que la ley vigente ya permite que ciudadanos y empresas extranjeras adquieran inmuebles rurales, aunque establece un tope del 15% para preservar el control sobre recursos considerados sensibles. Por ello, consideran que flexibilizar ese límite no resulta necesario para fomentar inversiones y que, por el contrario, podría profundizar la extranjerización de grandes extensiones de territorio.
Según los registros oficiales, Iglesia concentra unas 450.045 hectáreas en manos extranjeras, seguido por Calingasta, con 258.810 hectáreas, y Jáchal, con 125.486 hectáreas. También aparecen San Martín y Pocito con porcentajes relevantes de tierras bajo dominio foráneo.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca atraer inversiones y generar mayor desarrollo económico, la discusión continúa en el Congreso, donde uno de los principales ejes del debate gira en torno al equilibrio entre la llegada de capitales extranjeros y la preservación de la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.
