Calingasta: denuncian un faltante de $107 millones y una ex tesorera quedó imputada
La Justicia investiga a una ex funcionaria de la Municipalidad de Calingasta por la presunta sustracción de $107 millones de fondos públicos. La denuncia fue presentada por el intendente Sebastián Carbajal y la mujer quedó imputada por peculado.
Martha Noelia Campos, quien se desempeñaba en el área de Tesorería del municipio, fue formalmente acusada durante una audiencia realizada este miércoles. La investigación apunta a movimientos registrados durante 2023 y 2024 y sostiene que el dinero habría correspondido a pagos en efectivo realizados por vecinos en distintas dependencias municipales.
Según la hipótesis fiscal, Campos era la funcionaria encargada de custodiar esos fondos y posteriormente depositarlos en las cuentas de la Municipalidad. Las diferencias fueron detectadas a partir de controles contables y una auditoría vinculada al sistema informático utilizado para registrar los ingresos y egresos municipales.
La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales N°6, representada en la audiencia por el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio. La defensa de la imputada estuvo a cargo del abogado Marcelo Fernández Valdez.
El juez de Garantías Sergio López Martí fijó en un año el plazo para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria. Durante ese período, la Fiscalía deberá avanzar con la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades correspondientes.
Aunque la imputación contempla un monto millonario, Campos continuará el proceso en libertad. Como medidas de coerción, la Justicia le impuso la prohibición de entorpecer la investigación, de salir de la provincia sin autorización judicial y de mantener contacto o acercarse a los testigos vinculados con la causa.
Según trascendió, la ex tesorera continuaría desempeñándose en otra área de la Municipalidad y estaría alcanzada por un sumario administrativo.
La acusación es por el delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal. En caso de que la Justicia determine su responsabilidad, esa figura contempla penas de prisión y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
La investigación recién comienza y será la etapa de producción de pruebas la que permitirá establecer cómo se produjo el faltante y quiénes tuvieron responsabilidad sobre el manejo de los fondos municipales.
