Para el juez Jorge Toro: “El régimen procesal que tenemos no es del todo compatible con la nueva ley de imputabilidad”

A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, el juez Penal Juvenil y titular del Primer Juzgado de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, explicó cuál es la situación de la Justicia de San Juan frente a la reducción de la edad de imputabilidad y advirtió que todavía deben realizarse adecuaciones para que la nueva legislación pueda aplicarse en plenitud. “Entendemos nosotros, según nuestro cálculo, que en realidad el 5 de septiembre es la vigencia del nuevo régimen penal”, precisó el magistrado, quien aclaró que uno de los cambios centrales será que la edad de imputabilidad bajará de los 16 a los 14 años. Sin embargo, remarcó que “no es solo el único cambio que introduce”, ya que la normativa también modifica los criterios de persecución penal.

Según explicó Jorge Toro, el nuevo régimen establece herramientas que no encajan completamente con el sistema procesal penal juvenil que actualmente funciona en la provincia. “El anterior régimen establecía no solo que la persona debía tener entre 16 y 17 años para responder penalmente de manera diferenciada de los adultos, sino que en principio solo se le podían imputar, o sea, solo se investigaban, se juzgaban y eventualmente condenaban, delitos que tuviesen cierta gravedad”, señaló. Ahora, agregó, “la legislación prevé y pone en cabeza del fiscal ciertos criterios de oportunidad para decidir qué delitos eventualmente deberían investigarse o continuarse el proceso y qué delitos no”. Allí aparece, según Jorge Toro, una de las principales dificultades: “Esa facultad expuesta en cabeza del fiscal es propia de los sistemas procesales acusatorios”, mientras que “el régimen penal juvenil ha quedado bajo el viejo régimen, digamos, que es de tipo inquisitivo”. Por eso, consideró necesario realizar ajustes para que el nuevo esquema pueda comenzar a funcionar: “Hay que hacer ajustes para que ese principio de oportunidad, que en principio la ley pone en cabeza del fiscal, hasta tanto se dicta el nuevo régimen penal juvenil, procesal penal juvenil acusatorio, pueda ser ejercido por el juez con el visto bueno, si se quiere, de alguna manera del fiscal”.

Otro de los puntos que Jorge Toro marcó como necesario de adecuar es el sistema de medidas destinadas a los adolescentes. “Las medidas que se denominan medidas complementarias, que son las que el viejo sistema llamaba medidas socioeducativas, incluso otras medidas tutelarias, que tienen como fin resocializar, educar al chico, ya no se pueden aplicar de manera autónoma, sino que son complementarias a una pena, alternativas a una pena”, explicó. Y agregó: “Podrían eventualmente aplicarse en la suspensión de juicio a prueba, en la adhesión penal, son todas figuras que en el régimen que hoy tenemos se habilitan en la etapa de juicio, no en la etapa de instrucción”. Frente a esta situación, Jorge Toro sostuvo que “también hay que hacer una modificación” para que esas medidas puedan utilizarse durante la etapa de instrucción. El magistrado consideró que “lo ideal es que se hagan por ley”, aunque reconoció las dificultades que existen para concretarlo antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa. “Pensar en un régimen procesal moderno sería imposible porque demanda, entre otras cosas, que eso se haga por ley, que sea trabajado en el ámbito correspondiente, que es en la Cámara de Diputados”, afirmó.

Ante la proximidad del 5 de septiembre, Jorge Toro explicó que la alternativa que se analiza es que la Corte de Justicia avance mediante una acordada que permita sortear transitoriamente las incompatibilidades entre ambos sistemas. “La alternativa provisoria, hasta tanto se dicte ese régimen y podamos empezar a aplicar esta nueva ley en la provincia, es introducir modificaciones vía acordada”, indicó. En ese sentido, contó que “la Corte nos ha pedido opinión de qué aspectos deberían modificarse al menos mediante acordada y lo hemos hecho y sabemos que la Corte está trabajando”, aunque aclaró que “todavía no ha sido, por decir de alguna manera, aprobada esa acordada que nos permitiría empezar a aplicar la ley sin tantos inconvenientes”. De todos modos, Jorge Toro aclaró que la nueva legislación no depende de una adhesión provincial: “La ley no necesita que la provincia haga los ajustes para entrar en vigencia. No necesita un procedimiento, un proceso de adhesión de la provincia. No, la ley es de vigencia”. Por eso, sostuvo que “indefectiblemente, salvo que el Gobierno nacional decidiera suspenderla, entra definitivamente en vigencia a partir del 5 de septiembre”, mientras que el verdadero desafío será “tratar de poder aplicarla en su plenitud”.

El juez Penal Juvenil también puso el foco en que la adecuación no depende exclusivamente del Poder Judicial. “El régimen procesal y los ajustes que tenga que hacer la Corte son una de las patas, o el Poder Judicial es una de las patas del sistema y no somos los únicos que deben hacer procesos de adecuación”, explicó. En ese sentido, mencionó que también deberán intervenir las áreas del Ejecutivo responsables de los programas y dispositivos destinados al acompañamiento de los adolescentes. “También lo tiene que hacer el Ejecutivo, la autoridad de aplicación de la ley”, señaló, y mencionó entre las estructuras involucradas a los programas de acompañamiento y al Centro de Admisión y Derivación. Finalmente, Jorge Toro planteó que el impacto real de la reforma dependerá de la capacidad de la provincia para acompañar el cambio legal con recursos y políticas concretas. “El impacto de la ley va a depender de que nosotros como provincia podamos generar las adecuaciones, crear los recursos, implementar los programas, actualizar e implementar los dispositivos para que los fines de la ley se cumplan”, afirmó. Y dejó una advertencia sobre lo que puede ocurrir si esa adaptación no se concreta: “Si uno lee la ley, los fines son muy loables, pero requieren de un fuerte proceso de adaptación de algunos institutos, o sea, de algunos programas de política pública, me refiero, adecuación de espacios”. Para Jorge Toro, “si eso no se avanza progresivamente, entiendo, no se puede cambiar todo a la vez, probablemente va a ser una ley que va a ser muy regresiva y no va a cumplir los fines que la ley demanda”.