Un proyecto busca ponerle un freno al sobreendeudamiento y facilitar la salida de las familias endeudadas
Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone crear un Régimen Nacional de Protección del Consumidor Financiero, Prevención del Sobreendeudamiento y Reestructuración de Deudas de Consumo, con alcance en todo el país. La iniciativa apunta a proteger a las personas que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, establecer mayores controles sobre el otorgamiento de créditos y generar mecanismos que permitan renegociar las deudas antes de que la situación económica se vuelva insostenible. El texto plantea que el acceso al financiamiento debe realizarse bajo criterios de responsabilidad, transparencia y evaluación de la capacidad real de pago.
Uno de los puntos centrales es la creación de un derecho a solicitar la reestructuración de las deudas de consumo cuando una persona ya no pueda afrontar sus compromisos sin poner en riesgo los recursos indispensables para su subsistencia y la de su grupo familiar. En esos casos, la propuesta establece que la cuota mensual resultante no debería superar el 40% de los ingresos netos acreditados, mientras que la tasa de interés no podría exceder el 50% de la tasa BADLAR para bancos privados vigente al momento del acuerdo. También contempla planes de al menos 12 cuotas, la eliminación de intereses punitorios y determinados cargos generados exclusivamente por la mora. El procedimiento sería gratuito y confidencial, con una instancia de negociación entre deudores y acreedores.
La iniciativa también busca modificar la lógica con la que se aborda el endeudamiento: en lugar de actuar únicamente cuando la mora ya está instalada, propone que las entidades financieras y otros proveedores de crédito detecten anticipadamente señales de deterioro en la capacidad de pago y ofrezcan alternativas de refinanciación o asistencia. Además, obliga a brindar información clara sobre el costo financiero total, tasas, cargos y consecuencias del incumplimiento, y establece que las prácticas de cobranza deberán respetar la dignidad y la intimidad de los consumidores. El proyecto alcanza a bancos, emisoras de tarjetas, proveedores no financieros de crédito y plataformas digitales que otorguen financiamiento destinado al consumo.
El proyecto incorpora además la educación financiera como una política pública permanente, con acciones destinadas a que la población pueda comprender mejor el funcionamiento de los créditos, evaluar sus costos y tomar decisiones económicas informadas. Entre sus fundamentos, sostiene que el endeudamiento de los hogares se convirtió en un problema con consecuencias que exceden a cada familia y afectan el consumo, el ahorro y la inclusión financiera. En ese marco, la propuesta plantea un esquema basado en cuatro ejes: mayor protección del consumidor financiero, crédito responsable, reestructuración consensuada de las deudas y educación financiera. El texto aclara que no busca establecer condonaciones generalizadas ni modificar retroactivamente contratos, sino crear herramientas para prevenir situaciones de sobreendeudamiento y facilitar acuerdos sostenibles.
