Nuevo Régimen Penal Juvenil: San Juan define cómo será la transición mientras prepara su propia ley
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil obligará a San Juan a adaptar su funcionamiento judicial a las nuevas reglas nacionales. El cambio alcanza a adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de determinados delitos y plantea una modificación importante respecto del esquema que se venía aplicando. Sin embargo, la provincia todavía no tiene sancionada la normativa procesal específica que permitirá instrumentar de manera definitiva el nuevo sistema.
Ante esa situación, la Corte de Justicia analiza una herramienta provisoria para garantizar el funcionamiento del régimen desde su entrada en vigencia. La alternativa que se encuentra bajo estudio es una acordada que establezca las pautas necesarias para resolver los primeros casos mientras avanza la elaboración de la legislación provincial. De esta manera, se busca evitar un vacío operativo y establecer criterios comunes para jueces, fiscales y defensores.
Uno de los cambios centrales estará relacionado con el funcionamiento del proceso penal. El nuevo régimen profundiza un modelo acusatorio en el que el Ministerio Público Fiscal tendrá un papel fundamental en la investigación y la acusación, mientras que los jueces deberán intervenir como garantes del proceso y resolver las cuestiones que correspondan. También deberán definirse los mecanismos para la intervención de la defensa y de los organismos especializados en niñez y adolescencia.
Las autoridades provinciales mantienen reuniones para coordinar la implementación entre la Justicia, el Gobierno y las áreas que trabajan con menores. En esos encuentros se analiza cómo actuar ante una eventual detención, qué organismo deberá intervenir en cada instancia, cómo se realizarán las comunicaciones y qué alternativas estarán disponibles frente a adolescentes acusados de cometer delitos. La capacitación de fiscales, defensores, magistrados y operadores que participarán del nuevo esquema también aparece como uno de los puntos necesarios para la puesta en marcha.
Otro aspecto que genera especial atención es la situación de las causas que ya se encuentran en trámite cuando entre en vigencia el nuevo régimen. La transición deberá determinar qué procedimiento corresponde aplicar en cada expediente y cómo se compatibilizarán las actuaciones realizadas bajo el sistema anterior con las nuevas disposiciones. Por eso, la etapa inicial requerirá criterios claros para evitar demoras, conflictos de competencia o interpretaciones diferentes entre los distintos actores judiciales.
La normativa nacional también establece una mirada diferente sobre la responsabilidad de los adolescentes frente al delito, con un sistema que contempla medidas específicas según la edad, el hecho investigado y las circunstancias de cada caso. Esto obliga a pensar no solamente en la respuesta judicial, sino también en las herramientas de acompañamiento, tratamiento, educación y reinserción que deberán estar disponibles para los jóvenes alcanzados por el régimen.
La discusión provincial, por lo tanto, no pasa únicamente por definir cuestiones técnicas del procedimiento. También implica determinar qué estructura tendrá San Juan para abordar los casos de adolescentes en conflicto con la ley, qué organismos tendrán responsabilidades concretas y cómo se garantizará el seguimiento de las medidas que disponga la Justicia. En paralelo, las autoridades evalúan las necesidades presupuestarias y operativas que pueda generar la implementación.
La expectativa oficial es que la ley procesal penal juvenil definitiva avance después de esta etapa de transición, con una normativa propia que permita adecuar el régimen nacional a la estructura judicial e institucional local. Mientras tanto, la acordada que analiza la Corte aparece como la herramienta destinada a cubrir el período inicial y permitir que el nuevo sistema pueda comenzar a funcionar sin esperar a que concluya todo el proceso legislativo. El desafío será lograr que esa transición preserve las garantías de los adolescentes y, al mismo tiempo, permita una respuesta efectiva frente a los delitos.
