Perpetua por la muerte de un camionero: la defensa de Rodríguez lleva el caso a la Corte y pide anular la condena
La causa por la muerte del camionero riojano Federico Orihuela durante un procedimiento policial en Valle Fértil tendrá este martes un nuevo capítulo judicial. El abogado Martín Zuleta, defensor del oficial Juan Ricardo Rodríguez, condenado a prisión perpetua, confirmó que sostendrá ante la Corte de Justicia de San Juan el recurso extraordinario presentado contra el fallo que fue ratificado por el Tribunal de Impugnaciones.
La audiencia está prevista para las 10:30 en la sala de audiencias de la Corte. Allí, la defensa expondrá los argumentos por los cuales pretende que se revise la condena. “Oportunamente esta defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte de Justicia de San Juan para que pudiera revisar el fallo condenatorio que fuera confirmado por el Tribunal de Impugnaciones”, explicó Zuleta.
El abogado aclaró que la Corte ya aceptó formalmente tratar el recurso, aunque remarcó que eso no significa que haya anticipado una decisión favorable. “La Corte aceptó su tratamiento. No significa que tengamos razón ni mucho menos, pero sí que los agravios que nosotros hemos articulado contra la condena ameritan la intervención de la Corte”, sostuvo.
La defensa cuestiona cómo se desarrolló el juicio
Uno de los principales planteos de Zuleta apunta al principio de inocencia y al modo en que, según su interpretación, se desarrolló el debate. “Nosotros entendemos puntualmente que lo más sustancioso y lo más grave, desde el punto de vista procedimental, es que se quebró el principio de inocencia de manera anticipada”, afirmó.
El defensor sostuvo que durante el juicio hubo manifestaciones del presidente del tribunal que, a su criterio, evidenciaban una posición anticipada sobre la responsabilidad del policía. “Nosotros entendemos que durante el desarrollo del debate el presidente del tribunal dejó traslucir y manifestó una postura, una conducta que evidenciaba que se había quebrado de manera anticipada e ilegal, violando las garantías constitucionales, el principio de inocencia”, señaló.
A ese planteo sumó cuestionamientos sobre la valoración de la prueba. Según Zuleta, existieron elementos que fueron considerados por los tribunales pese a que la defensa entiende que no debieron ser utilizados para sostener la condena. “También hay prueba ilegal que se ha producido en el proceso y que fue valorada y que ha permitido sostener la condena”, afirmó.
Entre los ejemplos mencionó comunicaciones que, según la sentencia, habrían estado vinculadas con el accionar del oficial. La defensa sostiene que los testimonios producidos durante el juicio indicaron que al patrullero no llegaron órdenes de autoridades superiores. “Entendemos que también se ha valido esa condena de prueba ilegal”, expresó.
El protocolo policial y el temor de los efectivos
Otro de los puntos centrales del recurso extraordinario es la interpretación del protocolo de actuación policial. Zuleta sostiene que los tribunales inferiores interpretaron de manera incorrecta las normas que regulan la actuación de los efectivos frente a situaciones de este tipo.
“Nosotros entendemos que el oficial Rodríguez obró dentro de lo que le permitía la ley”, afirmó el abogado, quien cuestionó que no se haya valorado adecuadamente el testimonio de otros policías que participaron del procedimiento.
En ese sentido, remarcó: “No se ha valorado el testimonio de cuatro policías que no son el oficial Rodríguez, cuatro policías distintos que manifestaron claramente que temieron por su vida por cómo el señor Orihuela manejaba su camión”.
Para la defensa, ese elemento también debería aplicarse a Rodríguez. “Entendemos que el oficial Rodríguez también obró con ese temor, temor por su vida, temor por la vida de sus compañeros y temor por la vida también de los transeúntes”, sostuvo Zuleta.
El abogado considera que esos testimonios fueron dejados de lado al momento de analizar la conducta del efectivo. “Nosotros entendemos que ese punto está bastante claro y ha quedado acreditado en el proceso y también, de manera arbitraria, los tribunales inferiores se han apartado de esas constancias probatorias”, afirmó.
Piden anular la perpetua o reducir la pena
La defensa tiene dos planteos frente a la Corte. El principal es que se deje sin efecto la condena y se determine que Rodríguez actuó dentro de las facultades que le otorgaba el protocolo policial. Como alternativa, en caso de que el máximo tribunal provincial considere que existió un exceso, pide una calificación penal diferente.
“Estamos pidiendo, por un lado, de manera principal que la Corte anule la sentencia condenatoria y, en su reemplazo, declare que el oficial Rodríguez obró dentro de lo que permite el protocolo de actuación”, explicó Zuleta.
Y agregó: “De manera subsidiaria, para el caso de que considere que se ha excedido en la actuación que prevé ese protocolo, solicitamos que aplique una pena inferior, que es la del homicidio culposo por exceso en el cumplimiento de un deber”.
La condena a prisión perpetua había sido dictada contra Rodríguez por la muerte de Orihuela durante aquella persecución. Posteriormente, el Tribunal de Impugnaciones confirmó la sentencia, por lo que ahora la defensa busca que la Corte de Justicia provincial revise el caso.
El dato que la defensa también busca corregir
Durante la entrevista, Zuleta también hizo una aclaración respecto de uno de los elementos que habitualmente aparece mencionado al reconstruir el procedimiento. “Yo lo corrijo, no han sido 16 disparos, sino 13”, afirmó.
Según su explicación, la defensa sostiene que no todos los disparos tuvieron como finalidad provocar el desenlace fatal. “No todos los disparos fueron efectuados de forma o manera tal que buscaban este desenlace. Muchos fueron de advertencia, otros fueron a los neumáticos”, aseguró.
El abogado insistió en que esa versión fue sostenida desde el comienzo del proceso. “El oficial Rodríguez en ningún momento le quitó responsabilidad a su actuación”, dijo, y remarcó que su defendido siempre sostuvo que era el efectivo a cargo del patrullero y que no recibió comunicaciones de autoridades superiores durante el procedimiento.
La Corte tendrá ahora que analizar los planteos formulados por la defensa y escuchar también al Ministerio Público Fiscal y a la parte querellante. Luego de la audiencia, el máximo tribunal provincial contará con un plazo de hasta 40 días para resolver. Si la condena se mantiene y alguna de las partes considera necesario continuar la discusión, el caso podría llegar finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
