Cámaras empresarias miran al Congreso por nuevas legislaciones de minería, energía y ambiente
12 de septiembre 2026 – 00:00
La incorporación de las tierras raras al Código de Minería y el marco regulatorio del mercado del carbono proyectan nuevas oportunidades de inversión. Presión para que se destrabe la ley de biocombustibles.
Los sectores que irrumpieron con dinamismo y competitividad en el primer plano de la economía argentina observan la necesidad de ampliar su alcance y proyección internacional. Para eso miran el Congreso nacional, que viene avanzando con apoyo multisectorial en propuestas de menor repercusión que el RIGI y la reforma a la ley de Glaciares, pero que pueden provocar una incidencia directa para nuevas inversiones. El Senado tiene previsto iniciar el próximo miércoles otro debate crucial: la reducción del régimen de zonas frías.
La novedad de esta semana fue el dictamen que obtuvo en Diputados la incorporación de las tierras raras al Código de Minería. Se trata de 17 minerales del grupo de los lantánidos, utilizados para imanes de alta potencia, baterías, dispositivos LED, lentes y procesos industriales. Si bien su detección aún no tiene un desarrollo extendido en el país, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) identificó 190.395 toneladas de recursos de elementos de tierras raras, principalmente en Salta, Jujuy, San Luis y Santiago del Estero. Si se aprueba su inclusión, dejaría de estar en una zona de ambigüedad jurídica y contaría con el mismo marco de otros materiales.
El proyecto, que busca incorporar al sector al RIGI hasta julio del 2027 (cuando vence el régimen), contó con el impulso de Silvana Giudici (La Libertad Avanza) y logró apoyos de los aliados radicales y provincialistas. El debate consiguió un rápido avance, tras sólo un mes de discusión y en el mismo día que una sesión en la Cámara baja. El peronismo presentó su propia propuesta, que también incluye a las tierras raras al Código de Minería pero las excluye del RIGI y busca categorizar «de interés nacional» a la extracción de estos minerales, estableciendo una estrategia a escala federal de las materias primas que, por estatus constitucional, pertenecen a las provincias.
Un mes antes, la propia Giudici había alcanzado el apoyo del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y Leonardo Rodríguez, representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), pidió en Diputados «un marco jurídico estable, competitivo y previsible”. En el mismo ámbito parlamentario, Juan Biset, miembro del equipo minero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), aseguró que «identificamos una serie de proyectos que se llaman de clase mundial” y apeló a los legisladores: «Si introducimos legislación que sube los costos, estoy apagando áreas mineras. Si hago lo contrario, estoy generando minería. No son los geólogos, son ustedes los que hacen minería”.
Régimen de mercado del carbono
En septiembre también se dictaminó en el Senado un régimen para institucionalizar los mecanismos de medición y seguimiento del mercado de carbono en la Argentina. La discusión también tuvo un mes de tratamiento en comisión. Ahora el proyecto de la salteña Flavia Royón puede colarse en una sesión, como parte de un acuerdo con el oficialismo. ¿En qué consiste la ley? Reglamentaría la comercialización de «créditos de carbono», que se obtienen cuando emprendimientos de sostenibilidad (reforestación, energía renovable o agricultura regenerativa) generan una reducción en la emisión, a compradores nacionales o extranjeros que precisen compensar sus propias emisiones de carbono.
La redacción crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, que tendría mayores funciones que el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación (ReNaMi) creado en 2021, que fiscaliza proyectos que deben demostrar que la reducción de emisiones no habría pasado sin su existencia y que es duradera en el tiempo. Como estímulo, tendrían estabilidad fiscal por 15 años y una serie de facilidades impositivas (en Ganancias, IVA y amortizaciones). Se establece seguridad jurídica con respecto a la propiedad del crédito, que pertenece al dueño de la tierra y no al Estado.
La medida implicaría un paso más en la construcción de capacidad regulatoria, establecería en la Argentina un marco legal similar al de la región (Brasil, Chile y Colombia ya se reglan por estos marcos) y destrabaría la actual iniciativa de mercados voluntarios. El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) pidió por la aprobación del proyecto porque podría representar para el país unos u$s3.900 millones, además de inversiones territoriales de más de u$s2.000 millones. «Para transformar nuestra ventaja competitiva en inversión y empleo genuino, necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de manera prioritaria«, planteó el CAA en un comunicado.
La traba por la ley de biocombustibles
Una de las sorpresas legislativas de la semana fue la caída de la sesión prevista para este jueves, en donde se planificaba que el Senado le diera media sanción a la ley de biocombustibles, que aumenta los porcentajes de cortes de bioetanol y biodiésel. La situación provocó un comunicado conjunto de organismos de representación de renombre, como la Ciara, la Carbio, el CAA, Camarco y distintas bolsas de comercio, en el que pidieron «el urgente tratamiento y la aprobación parlamentaria del dictamen favorable”. La Bolsa de Cereales de Córdoba emitió un texto en sintonía: «Es una gran oportunidad para nuestro país. Es el momento de avanzar a paso firme».
Los organismos firmantes no hacen más que explicitar la tensión interna que existe entre los grandes productores de biodiésel y las pymes, cuyos representantes en el Senado presionaron para que la ley no avance. Según pudo conocer este medio, el rechazo llegó desde distintos partidos: puntanos libertarios y justicialistas, radicales santafesinos y pampeanos peronistas. La carta que la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles publicó esta semana no hace más que subrayar la disputa: «El proyecto condena a la quiebra a las pymes regionales y concentra toda la producción de biodiésel en las empresas integradas». También hubo resistencia desde la propia Secretaría de Energía de la Nación: apuntan que provocaría un impacto en los precios del combustible que puede afectar el equilibrio inflacionario.
Ante la posibilidad de que la próxima semana el proyecto pueda ser votado, senadoras norteñas trabajan con La Libertad Avanza en cambios que puedan contentar a una amplitud de sectores. Si no hay mayoría, el tema no sería incluido en una sesión. Son cada vez más las voces que piden dividir el proyecto en dos: uno para bioetanol, que tiene apoyo unánime, y otro para biodiésel, que es el que provoca resquemores. La solicitud llega con especial insistencia desde provincias azucareras, como Tucumán. Incluso Osvaldo Jaldo se expresó al respecto en conferencia de prensa: «Creo que tienen que empezar a mirar al norte, porque nosotros también producimos combustible».
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