El régimen penal juvenil avanza y definen quién controlará a los adolescentes
El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, explicó los principales cambios que contempla el proyecto de adecuación del régimen procesal penal juvenil que será tratado por la Cámara de Diputados. Uno de los puntos centrales es la incorporación de la figura del supervisor, cuyo objetivo será acompañar a los adolescentes que atraviesen un proceso judicial y trabajar para evitar la reincidencia.
Durante la entrevista, Olivares Yapur remarcó que el nuevo esquema busca priorizar medidas alternativas a la privación de la libertad. “La sanción privativa de la libertad, la pena privativa de la libertad, es el último recurso”, sostuvo el titular de la Corte, al explicar que un adolescente de 14, 15 o 16 años se encuentra en una etapa de desarrollo que requiere un tratamiento diferente al de un adulto.
En ese sentido, destacó que el objetivo es que el Estado pueda intervenir con herramientas de acompañamiento, resocialización y contención. “Amerita que el Estado esté presente con un plan de resocialización, con un plan de readaptación que le enseñe y le inculque valores”, señaló. Y agregó: “Yo creo que son merecedores de una chance que la sociedad no los puede excluir”.
El supervisor dependerá del Poder Ejecutivo
Uno de los aspectos que genera especial interés es quién tendrá a su cargo esta nueva figura. Olivares Yapur fue claro al explicar que el supervisor no dependerá del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. En San Juan, la responsabilidad estará vinculada al área de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Niñez, que será la autoridad de aplicación.
“Tiene que ser un especialista capacitado para esa función, no puede ser cualquiera”, explicó el presidente de la Corte. Además, señaló que la Dirección de Niñez ya avanzó en la reglamentación y creó dentro de su estructura el ámbito específico relacionado con la ley penal juvenil.
La aclaración resulta clave porque el supervisor tendrá un rol técnico de acompañamiento de las medidas impuestas a los jóvenes, mientras que la Justicia continuará teniendo a su cargo las decisiones jurisdiccionales. “Hay que darle una oportunidad, darle una chance”, sintetizó Olivares Yapur al referirse al espíritu que debe tener el nuevo sistema.
Una transición hasta el nuevo sistema procesal
El proyecto que será tratado por los diputados fue definido informalmente como una norma “transitoria”, aunque el propio presidente de la Corte aclaró que, si es sancionada, tendrá plena aplicación hasta que se concrete una reforma integral del sistema procesal penal juvenil.
La necesidad de adecuación surge porque la legislación nacional fue diseñada bajo un esquema acusatorio, mientras que San Juan todavía cuenta en materia juvenil con un régimen procesal diferente, en el que la investigación permanece principalmente en manos del juez. “El sistema que tenemos es un sistema antiguo, donde la investigación está a cargo del juez y no del fiscal”, explicó.
Por ese motivo, la propuesta busca adaptar las disposiciones nacionales a la realidad procesal provincial y permitir que, durante la primera etapa, puedan aplicarse herramientas como la conciliación y la mediación, priorizando soluciones que eviten que el encierro sea la primera respuesta frente a un adolescente que comete un delito.
Olivares Yapur también puso el foco en un cambio más amplio dentro de la Justicia: la necesidad de abandonar el histórico aislamiento de los tribunales respecto de la sociedad. “Tenemos la obligación no sólo de ser imparciales, independientes y absolutamente objetivos en cuanto a los fallos jurisdiccionales, sino también de atender a todos los requerimientos de la sociedad”, afirmó. En esa línea, sostuvo que “tenemos que terminar con el oscurantismo judicial, transparentar la acción de la Justicia”, y remarcó que los jueces deben ser entendidos también como servidores públicos.
