Acueducto Gran Tulum: un pedido busca trasladar la investigación a la Justicia Federal
La investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo judicial con el pedido de la defensa del expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz, para que el expediente deje el ámbito provincial y pase a los tribunales federales de Comodoro Py. El juez Daniel Rafecas solicitó informes a las autoridades judiciales de San Juan antes de resolver si corresponde modificar la jurisdicción.
El planteo sostiene que la participación de organismos nacionales y el origen de los fondos utilizados para financiar la obra justifican la intervención federal. Según los argumentos presentados por la defensa, el proyecto demandó una inversión cercana a los 198 millones de dólares, con aportes del Estado nacional y créditos internacionales respaldados por la Nación. También se señaló la intervención de dependencias nacionales en tareas de supervisión, control y autorización de desembolsos.
Por el momento, el pedido no implica que la causa haya sido trasladada ni que la Justicia Federal haya aceptado intervenir. Rafecas requirió información sobre el objeto y el estado de la investigación que lleva adelante la Justicia sanjuanina, un paso previo para evaluar si existe fundamento para discutir la competencia. Mientras tanto, el expediente provincial continúa su curso y la investigación busca determinar si hubo irregularidades en las contrataciones, la adquisición de cañerías, los precios y la ejecución de los trabajos.
La causa tiene como eje una obra destinada a mejorar el abastecimiento de agua potable y que permanece inconclusa. En el expediente hay 11 personas notificadas para una audiencia de formalización, entre ellas exfuncionarios provinciales y personas vinculadas con la empresa proveedora de los materiales. La eventual intervención federal podría modificar el ámbito en el que se desarrolla la investigación, pero la responsabilidad de los involucrados deberá determinarse a partir de las pruebas y las decisiones judiciales correspondientes.
