Acueducto gate: la defensa de Uñac pidió ir a la Justicia federal porque no confía en la independencia de los tribunales sanjuaninos
El abogado del senador y exgobernador Sergio Uñac, Marcelo Fernández, confirmó que adherirá al planteo para que la causa por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum pase al fuero federal. El letrado reclamó “una absoluta independencia” y cuestionó el accionar de la Justicia provincial al considerar que existen elementos que demostrarían una presunta persecución política contra la oposición.
“Queremos una absoluta independencia”
La definición llegó cuando le preguntaron directamente si el pedido de intervención de la Justicia federal estaba relacionado con una supuesta falta de confianza en los tribunales sanjuaninos.
“Por supuesto, porque queremos una absoluta independencia”, respondió Fernández, en una de las declaraciones más contundentes de la entrevista.
El abogado explicó que su postura coincide con la presentación realizada por la defensa de otro de los sospechados, que planteó la incompetencia de la Justicia provincial para intervenir en el expediente. Según argumentó, el financiamiento de la obra y la eventual afectación de fondos públicos nacionales justificarían la intervención del fuero federal.
“Entiendo que es una presentación de cierta relevancia”, sostuvo sobre ese planteo. Y agregó que, después de conversar con el abogado que lo impulsó, advirtió que el pedido “debería tener acogida”.
“De ser así, nosotros indudablemente vamos a adherir a esa posición”, confirmó, dejando en claro que la estrategia de la defensa de Uñac apunta a trasladar la investigación fuera de la órbita judicial provincial.
Fernández calificó la causa como “el emblema de la persecución política”
El representante legal del senador no se limitó a discutir la competencia judicial. También cuestionó el desarrollo de la investigación y aseguró que existe una selección de los dirigentes y funcionarios sobre los que se avanza.
“Hay una decisión de investigación selectiva”, afirmó Fernández, quien sostuvo que funcionarios del actual gobierno provincial habrían tenido participación directa en la obra sin haber sido convocados siquiera como testigos.
“Existe actualmente un funcionario del gobierno actual que tuvo una participación directa en la dirección de la obra del acueducto”, aseguró.
El abogado cuestionó que, mientras se investiga si se utilizaron caños que no correspondían o si existieron sobreprecios, no se haya citado a quienes, según su planteo, tuvieron responsabilidades directas en la ejecución de los trabajos.
“Eso nos hace sospechar de que cuenta con un respaldo del gobierno actual que impide que lleguen hasta él”, lanzó.
En ese contexto, Fernández fue más allá y definió el expediente como “el emblema de la persecución política”. Según su interpretación, la causa sería utilizada por el oficialismo para avanzar contra dirigentes opositores.
La defensa de Uñac niega responsabilidades por las contrataciones
Fernández también cuestionó que se pretenda atribuirle responsabilidad penal al exgobernador por decisiones adoptadas dentro de un organismo autárquico, que —según explicó— no dependía directamente del Poder Ejecutivo provincial.
“No puede existir responsabilidad penal de un exgobernador como máxima autoridad de la provincia sobre las contrataciones que se puedan llegar a dar o las desprolijidades o irregularidades que se puedan dar en un ente autárquico”, sostuvo.
Y agregó: “Para eso están las autoridades, o sea, cada autoridad deberá responder”.
El abogado defendió de manera categórica a su representado frente a las sospechas vinculadas con la obra: “Uñac no está involucrado en ningún tipo de maniobra que haya beneficiado alguna empresa particularmente o haya desconocido él que los caños que se compraron no eran los adecuados”.
Además, cuestionó las comparaciones con la causa Vialidad, al considerar que existen diferencias sustanciales entre ambos expedientes, particularmente por la naturaleza del organismo que intervino en las contrataciones.
“Una imputación de carácter mediático”
El letrado insistió en que, hasta el momento de la entrevista, la defensa no contaba con una imputación formal que le permitiera conocer con precisión los hechos atribuidos al senador.
“Hoy nos encontramos con una imputación, si se quiere, de carácter mediático”, expresó, en referencia a las acusaciones que, según dijo, circulan públicamente antes de la formalización de la investigación penal.
Fernández explicó que la defensa pretende conocer formalmente los cargos antes de definir cómo ejercerá sus derechos durante el proceso. También recordó que Uñac había manifestado por escrito su intención de no realizar declaraciones hasta conocer la imputación.
Duras críticas a la independencia de la Justicia sanjuanina
Uno de los momentos más sensibles de la entrevista se produjo cuando le preguntaron si consideraba que los jueces locales carecían de independencia para actuar.
Fernández evitó generalizar, pero cuestionó el funcionamiento de la Justicia provincial en determinados expedientes.
“No puedo hablar en general. Sí puedo hablar de causas en particular en las cuales hemos visto esta situación de una falta de independencia absoluta como para poder juzgar y llevar una causa adelante como corresponde y hacer justicia”, respondió.
El abogado también planteó que los magistrados pueden verse condicionados por la posibilidad de enfrentar juicios políticos cuando sus decisiones no coinciden con los intereses del oficialismo.
“Si un juez hace las cosas como corresponden dentro de la jurisprudencia que corresponde bajo la ley, no tendría que tener miedo de nada, porque es un poder independiente”, señaló.
Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente si creía que esas presiones ocurrían en San Juan, respondió: “No sé, no sabría decirlo”, y reconoció que el tema ingresaba en el terreno del “imaginario popular”.
La ausencia de Uñac y Andino frenó la audiencia
Las declaraciones se produjeron después de la audiencia que no pudo avanzar con la formalización de la investigación debido a la ausencia de Uñac y del diputado nacional José Luis Andino.
Fernández justificó la inasistencia del senador por compromisos vinculados con su labor parlamentaria y cuestionó que no se continuara con el procedimiento sin la presencia de ambos legisladores.
“Esta defensa entiende que la audiencia de ayer podía continuar perfectamente sin la presencia de él”, sostuvo.
Según explicó, el sistema acusatorio permite registrar las audiencias y garantizar que las partes accedan posteriormente a su contenido. Por eso, consideró innecesario detener el procedimiento por la ausencia de los legisladores.
“Ayer podría haberse formalizado la causa”, insistió, y cuestionó lo que describió como una postura “casi caprichosa” del Ministerio Público Fiscal.
La estrategia judicial de la defensa
Fernández aseguró que Uñac se encuentra tranquilo y que está dispuesto a ejercer sus derechos cuando corresponda. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que la estrategia defensiva incluye cuestionar la competencia de la Justicia provincial, reclamar la intervención del fuero federal y denunciar una presunta utilización política del expediente.
De esta manera, el caso Acueducto Gran Tulum suma un nuevo frente de conflicto. Mientras la investigación busca avanzar sobre las presuntas irregularidades en la obra, la defensa del exgobernador instala una discusión de fondo sobre la independencia judicial en San Juan y sostiene que el expediente debe salir de la órbita provincial para garantizar imparcialidad.
Por ahora, esos cuestionamientos forman parte de los argumentos de la defensa y el planteo de incompetencia deberá ser resuelto por las autoridades judiciales correspondientes.
