El Senado debatirá una ley para obligar a las mineras a garantizar la reparación ambiental tras el cierre de los yacimientos
El Senado de la Nación se prepara para debatir tres proyectos que buscan establecer reglas específicas para el cierre y el postcierre de las explotaciones mineras en Argentina. La discusión, prevista para este miércoles 21 de octubre en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, apunta a definir obligaciones para las empresas, reforzar los controles ambientales y garantizar que existan recursos económicos suficientes para afrontar la recuperación de las áreas afectadas cuando finalice la actividad extractiva. El objetivo central es evitar que los costos de una explotación minera abandonada o cerrada de manera inadecuada terminen recayendo sobre el Estado y la sociedad.
Las iniciativas corresponden a tres expedientes legislativos: el S-285/25, presentado por el fallecido senador Antonio Rodas; el S-257/26, impulsado por los senadores Flavio Fama y Edith Terenzi; y el S-525/26, promovido por la senadora Lucía Corpacci. Aunque presentan diferencias en su formulación, los proyectos coinciden en la necesidad de establecer un marco regulatorio más preciso para una etapa clave del ciclo minero. Entre sus principales propuestas figura la obligación de presentar un Plan de Cierre de Minas desde el inicio de la explotación, acompañado por previsiones técnicas y ambientales que deberán actualizarse durante la vida útil de cada emprendimiento.
Los planes deberán contemplar medidas para garantizar la estabilidad física y química de los terrenos intervenidos, rehabilitar las áreas afectadas y prevenir riesgos ambientales posteriores al cese de las operaciones. También deberán incluir una estimación de los costos del cierre, un cronograma de ejecución y programas de control y monitoreo posteriores. Otro aspecto central es la constitución de garantías financieras, mediante fondos u otros instrumentos que permitan cubrir las tareas comprometidas. De esta manera, ante un eventual incumplimiento empresarial, las autoridades contarían con recursos para ejecutar las medidas de remediación sin trasladar automáticamente la carga económica a las arcas públicas. Algunas propuestas también contemplan mecanismos de participación ciudadana, acceso a la información y fondos para sostener la vigilancia ambiental a largo plazo.
Para las provincias mineras, el debate tiene especial relevancia porque busca aportar previsibilidad tanto a las comunidades como a las empresas, además de establecer criterios comunes para una etapa que requiere planificación desde el comienzo de cada proyecto. En el caso de San Juan, donde la minería constituye una actividad económica estratégica, una eventual regulación nacional podría tener implicancias sobre la forma en que se planifican, financian y controlan los cierres de los emprendimientos. Sin embargo, el alcance definitivo dependerá del texto que avance en el Congreso y de cómo se articule con las competencias provinciales. Por ahora, se trata de iniciativas en debate y no de una ley aprobada.
Gentileza: Parlamentario.com
