Cuatro efectivos del Servicio Penitenciario se capacitan para combatir el crimen organizado
Cuatro efectivos del Servicio Penitenciario Provincial participan en Mendoza de un taller regional sobre inteligencia penitenciaria, orientado a prevenir y desarticular organizaciones criminales que operan desde las cárceles. La capacitación se desarrolla en la Universidad del Aconcagua y reúne a representantes de los servicios penitenciarios de Mendoza, San Luis, La Rioja y del Servicio Penitenciario Federal, con el objetivo de fortalecer la coordinación y el intercambio de información.
La apertura contó con la participación de la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus; el director general del Servicio Penitenciario mendocino, Eduardo Enrique Orellana; el especialista de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Gonzalo Escalante; y la fiscal general con funciones de coordinación del distrito Mendoza, María Gloria André. La actividad es organizada por la UNODC en el marco de un proyecto destinado a combatir las organizaciones criminales transnacionales en el Cono Sur.
Durante las jornadas se abordan herramientas de investigación criminal en contextos de encierro, análisis de la actividad delictiva en fronteras y establecimientos penitenciarios, y mecanismos de cooperación entre instituciones. Además, el programa plantea avanzar en la creación de una Red Federal de Información Penitenciaria para facilitar el intercambio de datos y mejorar la capacidad de respuesta ante maniobras delictivas que pueden involucrar a distintas jurisdicciones.
La participación del personal provincial apunta a fortalecer sus conocimientos para identificar posibles vínculos criminales, analizar información relevante y colaborar con las investigaciones judiciales. La formación también promueve el intercambio de experiencias entre equipos de diferentes provincias, una herramienta clave frente a organizaciones que pueden extender sus operaciones más allá de los límites jurisdiccionales. El objetivo es mejorar la prevención y la coordinación para impedir que las redes delictivas continúen operando desde los establecimientos de detención.
