El Gobierno busca avanzar en Diputados
La Libertad Avanza buscará avanzar con el proyecto en un plenario de comisiones, aunque todavía no tiene garantizadas las firmas para emitir dictamen. Persisten diferencias con los bloques dialoguistas por los cambios en defensa, seguridad interior e inteligencia.
La Cámara de Diputados debatirá este martes el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en una nueva instancia de negociación con los bloques aliados. La iniciativa, que incluye sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y reformas en materia de defensa, seguridad e inteligencia, enfrenta dificultades para reunir los consensos necesarios para emitir dictamen.
El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 16, con la participación de invitados que expondrán sobre el proyecto. Sin embargo, hasta ahora, el oficialismo no tiene aseguradas las firmas para avanzar con el dictamen y el tratamiento de la iniciativa continúa condicionado por las diferencias con los sectores dialoguistas.
La discusión se había postergado luego de que La Libertad Avanza no consiguiera cerrar un acuerdo con sus aliados. Aunque existe mayor coincidencia sobre la necesidad de reforzar las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina, las discrepancias se mantienen sobre otros capítulos del texto.
Las diferencias con los bloques aliados
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo encabezado por el Presidente que tendría a su cargo la coordinación estratégica de distintas áreas del Estado, entre ellas defensa, inteligencia, seguridad y política exterior.
También hay reparos sobre las atribuciones previstas para responder ante amenazas consideradas graves, los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques hostiles, y la posibilidad de ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos vinculados con la seguridad interior.
Otro de los puntos discutidos es el artículo 111, referido a las campañas de desinformación y a las acciones destinadas a alterar procesos electorales o afectar el orden público. Los cuestionamientos se concentran en la precisión de las figuras penales y en los posibles efectos sobre la libertad de expresión.
En las negociaciones, el oficialismo aceptó delimitar las empresas que pueden recibir sanciones, y la redacción vinculada con las campañas de desprestigio y desinformación para delimitar mejor las conductas alcanzadas.
Malvinas, seguridad y una agenda legislativa ajustada
El proyecto del Poder Ejecutivo busca endurecer las sanciones contra las personas y empresas que participen en la exploración o explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. La propuesta amplía las restricciones vigentes, incorpora nuevas consecuencias penales y prevé un registro público de infractores.
No obstante, el alcance de la iniciativa excede ese objetivo. También establece nuevas herramientas de coordinación estatal ante amenazas externas, incorpora disposiciones sobre inteligencia y financiamiento extranjero de actividades políticas, y modifica aspectos vinculados con la protección de infraestructuras críticas.
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