Alejandro Nadur denunció a la actual dirigencia de Huracán por el uso irregular de cámaras de seguridad

El expresidente del Club Atlético Huracán, Alejandro Nadur, presentó una denuncia penal contra el actual titular de la institución, Abel Poza, por la presunta utilización de material audiovisual obtenido de forma ilegal a través de cámaras de videovigilancia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según la presentación judicial, las imágenes habrían sido utilizadas como prueba en una denuncia interna para solicitar su expulsión como socio del club.

La causa se tramita en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60 y cuenta con el patrocinio del abogado Guido Oclander, quien acusó a Poza de haber accedido y difundido grabaciones protegidas por las leyes de confidencialidad y protección de datos personales, lo que podría constituir infracciones a los artículos 157 bis, 153 bis, 156 y 261 del Código Penal.

El conflicto por imágenes obtenidas de cámaras del gobierno porteño

De acuerdo con la denuncia, el 22 de abril de 2025, Abel Poza presentó ante la Comisión Directiva de Huracán una acusación contra Nadur por supuestamente haber violado una suspensión estatutaria al ingresar al estadio Tomás Adolfo Ducó. Para respaldar su presentación, habría utilizado imágenes de la Unidad de Control Operativo (UCO), dependiente del Ministerio de Seguridad porteño, un sistema de vigilancia creado exclusivamente para garantizar la seguridad pública en eventos deportivos.

El propio Tribunal de Honor del club confirmó ante la defensa de Nadur que las grabaciones provenían de las cámaras de la UCO, gestionadas por la Policía de la Ciudad. Según la Ley 5847 de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales, este tipo de material no puede ser entregado ni utilizado para fines particulares ajenos a la seguridad pública.

“Aquí desde hace años se ha montado una campaña de desprestigio con el ánimo de vulnerar mis legítimos derechos. Ahora se ha dado un paso aún más escandaloso: usar pruebas obtenidas en forma ilegal en la pretensión de ser usada en una Asamblea para expulsarme, todo lo cual resultaría de nulidad absoluta y total. Estamos ante una conducta de una gravedad institucional enorme. Se usaron cámaras creadas para proteger a los ciudadanos, para perseguir a una persona por motivos políticos dentro de una entidad civil”, expresó Nadur.

Desde su inicio, la investigación avanzó con la toma de declaraciones testimoniales y el requerimiento de informes a distintos organismos públicos y empresas de seguridad privada. Fuentes judiciales confirmaron que el expediente apunta a determinar cómo se accedió al material protegido y quiénes participaron en su difusión dentro del ámbito institucional del club.

Para los abogados del expresidente, el hecho reviste una “gravedad institucional inusual”, ya que el presunto uso político de una red de videovigilancia estatal trasciende lo deportivo y compromete la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Cruce político y antecedentes dentro del club

El conflicto entre Alejandro Nadur y la actual dirigencia tiene antecedentes de larga data. El exmandatario aseguró que esta denuncia se enmarca en una disputa interna que se profundizó tras las elecciones de 2021, cuando perdió la presidencia por un estrecho margen de 23 votos sobre un padrón superior a 11.000 socios.

“Desde hace años vengo siendo objeto de una campaña de desprestigio y de sanciones arbitrarias. Lo que comenzó como una disputa política interna terminó en una persecución personal que busca borrarme de la vida institucional de Huracán”, manifestó Nadur.

Durante su gestión al frente del club (2011-2021), Huracán logró dos títulos oficiales, un ascenso a Primera División, la participación en torneos internacionales y la regularización de su situación económica, que incluyó la salida de una convocatoria de acreedores vigente desde 1984.

Posibles implicancias legales y éticas

El escrito judicial advierte que el uso de cámaras de seguridad públicas con fines particulares o partidarios podría representar una violación al derecho a la privacidad y al principio de finalidad pública establecido por la legislación vigente.

“No sólo se violaron mis derechos personales; se vulneró la ley y se utilizaron funciones públicas para un fin privado y persecutorio. Este hecho excede lo deportivo y afecta la institucionalidad del club y la transparencia del sistema público de seguridad”, remarcó Nadur en su presentación.

El expresidente también solicitó ser reconocido como parte querellante, para impulsar la investigación sobre el acceso, la cesión y la difusión de las grabaciones, así como determinar si existió participación de funcionarios o agentes públicos en la entrega del material.

Un caso que pone a prueba la institucionalidad del fútbol argentino

La causa judicial plantea interrogantes sobre los límites del control político dentro de las instituciones deportivas y sobre la utilización de recursos públicos con fines privados. En medio de un clima de fuerte polarización interna, el caso Nadur–Poza podría convertirse en un precedente relevante respecto del uso de la videovigilancia estatal en contextos ajenos a la seguridad.

Por ahora, la Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y testimonios, mientras la defensa del expresidente insiste en que se garantice la independencia judicial y se investiguen las responsabilidades penales que pudieran corresponder tanto a autoridades del club como a eventuales actores gubernamentales.