“Antibarras”: El proyecto que busca declarar a las hinchadas violentas como organizaciones criminales

Una iniciativa que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la violencia en el fútbol argentino está avanzando en el Congreso. Se trata del proyecto “Antibarras”, presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, que apunta a declarar a las barras bravas como asociaciones ilícitas especiales, al mismo nivel que las organizaciones criminales.

El anuncio lo hizo Nicolás Busato, titular del área legal de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, durante una exposición en el Salón Cruce de los Andes en el marco del Consejo Nacional de Seguridad. “En esta ley hay muchas penas, muchos actos que antes se justificaban o se toleraban y ahora pasan a ser delitos”, subrayó el funcionario, dejando claro que el objetivo es cerrar vacíos legales que permitían a las barras eludir sanciones.

El proyecto contempla penas más duras para delitos cometidos en el marco de espectáculos deportivos y busca atacar la estructura económica y logística de las barras. Pero no es la única medida en marcha. Busato también informó sobre la reciente Resolución 321/25, publicada el 12 de marzo, que modifica el artículo 2 de la Resolución 354/2017 y otorga a la autoridad administrativa la facultad de restringir el ingreso a estadios a personas imputadas o condenadas por delitos vinculados al fútbol, incluso antes de que exista una sentencia firme.

“Lo que buscamos es que las personas que generan violencia no tengan la oportunidad de volver a los estadios mientras esté vigente su causa judicial o su condena”, explicó.

Según Busato, ambas medidas —la legislativa y la administrativa— forman parte de una estrategia integral que combina prevención, control y sanción. El desafío, añadió, es lograr que la norma no solo esté escrita, sino que se cumpla en todo el país con igual rigor. “No sirve de nada tener una ley perfecta si no se aplica en la práctica. El compromiso tiene que ser de todos: clubes, fuerzas de seguridad, justicia y autoridades provinciales”, concluyó.