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Castigo millonario a la profesional que generó pánico en el hospital

Castigo millonario a la profesional que generó pánico en el hospital
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Rosario Cortés Zmutt, la profesional que generó pánico con una falsa amenaza de bomba en el Hospital Rawson, fue condenada a pagar una cifra millonaria y a cumplir trabajos comunitarios, tras acordar una probation con la Justicia.

 

El episodio ocurrió el pasado 3 de junio, cuando Cortés Zmutt llamó al 911 y alertó sobre la presencia de un supuesto artefacto explosivo en el principal centro de salud de San Juan. La denuncia obligó a evacuar todo el edificio, incluyendo pacientes en terapia intensiva, y movilizó un amplio operativo de seguridad. El caos fue total.

Pese a que nunca explicó públicamente los motivos detrás de su accionar, la mujer de 30 años —que se desempeñaba como residente en el hospital— fue identificada tras un rastreo telefónico y detenida bajo la imputación de intimidación pública.

 

Esta semana, el caso tuvo un giro judicial: en lugar de enfrentar un juicio, la defensa —a cargo de la defensora oficial Cecilia Mut— logró un acuerdo con el fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica. El juez Eugenio Barbera avaló el entendimiento y dictó la suspensión del juicio a prueba por un año.

 

Como parte de ese trato, la profesional deberá pagar $4 millones en concepto simbólico de resarcimiento al Estado provincial y al Ministerio de Salud, además de cumplir 36 horas de tareas comunitarias en un plazo de tres meses.

 

El monto millonario busca reflejar el perjuicio institucional y operativo generado por la falsa alarma. Aunque su opinión no era vinculante, la Fiscalía de Estado, representada por los abogados Gabriel Sanz y José Herrero, dio el visto bueno al acuerdo y consideró razonable la sanción.

 

Con esta resolución, Cortés Zmutt evita tener antecedentes penales. Pero el juez fue claro: si reincide en un delito, el beneficio se revocará y enfrentará una condena real.

El delito de intimidación pública está tipificado en el artículo 211 del Código Penal argentino, y contempla penas de dos a seis años de prisión para quienes infundan temor colectivo con amenazas o alarmas falsas.

 

El llamado se produjo, según trascendió, en el marco de una supuesta visita de autoridades gubernamentales al hospital. No está claro si fue un acto deliberado para boicotear la jornada o un impulso emocional, pero lo cierto es que terminó con una intervención policial, evacuaciones de alto riesgo y un profundo repudio social.

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