El Gobierno prepara el decreto para promulgar el financiamiento universitario, pero su aplicación quedará en suspenso

El Gobierno prepara el decreto para promulgar la ley de financiamiento universitario, que el Congreso ratificó hace poco más de una semana, pero su aplicación quedará en suspenso ya que al igual que hizo con la normativa que declara la emergencia en discapacidad, pedirá al Parlamento que defina de dónde saldrán las partidas para solventar dicho gasto.

Pero el Gobierno apuestan a promulgar la normativa en los próximos días, según confiaron fuentes de Casa Rosada consultadas, pero no darán vía libre a las partidas necesarias para garantizar su cumplimiento. La actualización de fondos universitarios, de acuerdo al cálculo de la oposición, significa un gasto extra del 0,14% del PBI ($ 1.059 millones). Para el oficialismo, en cambio, es más de $1.500 millones

El 22 de septiembre el jefe de gabinete, Guillermo Francos, a través del decreto 681/25 que oficializó la ley de discapacidad, marcó que el Congreso de la Nación «omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional».

Ahora en el Ejecutivo insisten en la misma postura en referencia a la normativa autoriza más recursos para las universidades y sostienen que debería ser el propio Congreso, a través de la discusión del Presupuesto 2026, el que defina cómo aumentar los recursos. Y descartan incrementar las partidas del corriente se puedan ajustar por inflación «para atrás». Sí hay un reconocimiento en el rubro gastos y financiamiento: por caso la Universidad de La Plata se vio beneficiada con una transferencia de $4 mil millones en compensación por un incremento en gastos tarifarios.

Desde la Coalición Cívica vienen presionando para que el Ejecutivo cumpla con lo aprobado por el Parlamento en las últimas semanas. El 6 de octubre Elisa Carrió envió una carta documento a Guillermo Francos para que readecúe las partidas presupuestarias «que sean necesarias para cumplir la Ley de Emergencia del Garrahan» que el Parlamento había confirmado unos días antes.

En todos los casos, en el Gobierno reiteran los mismos argumentos: se remitieron al artículo 5 de la Ley 24.629, «Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional», señala.

Es decir, en el oficialismo le tiran la pelota a la oposición que logró una mayoría agravada para rechazar el veto presidencial a la normativa y, además, evita pagar el costo electoral que provocaría recurrir a las Tribunales para impedir su rápida aplicación..

También, mediante la invocación del presente articulado, en el Ejecutivo sugieren que se incluyan esas mejoras presupuestarias en la nueva ley de leyes. «Si mediare algún reconocimiento judicial de derechos, que invocare sustento en actos o contratos dictados en violación de los preceptos contenidos en los párrafos anteriores del presente artículo o aún en las consecuencias directas o indirectas de su nulidad, sólo resultará eficaz a partir de la sanción de la ley de presupuesto en que se hubieren establecido las partidas necesarias para su atención, momento a partir del cual comenzarán a correr todos los plazos que se hubieren establecido al respecto, inclusive los de prescripción», indica el texto.