MARTIN ZULETA: “La conducta del camionero era peligrosa y está probado que disparó un arma”
El abogado defensor Martín Zuleta sostiene que el oficial actuó bajo los protocolos legales y que la víctima, Federico Orihuela, puso en riesgo la vida de los efectivos y de civiles. Aunque no se encontró el arma, una pericia habría confirmado la presencia de pólvora en las manos del camionero.
En el marco del juicio que investiga la muerte del camionero Federico Orihuela, ocurrida durante una persecución policial en Valle Fértil, el abogado defensor del oficial Diego Rodríguez, doctor Martín Zuleta, expuso este jueves los principales argumentos con los que buscan demostrar que su defendido actuó de manera legítima y ajustada a la ley.
En diálogo con la prensa, Zuleta afirmó que “la conducta del camionero era muy peligrosa, tanto para los efectivos como para los turistas que circulaban por la zona”, y que la intervención del oficial Rodríguez se dio luego de que Orihuela presuntamente efectuara disparos desde la cabina de su camión. Según indicó, una pericia habría detectado rastros de plomo, bario y antimonio –componentes químicos característicos de la deflagración de un arma de fuego– tanto en las manos de Orihuela como en el interior del vehículo.
“La pericia de absorción atómica fue clara: en las manos del camionero y en la cabina había restos compatibles con pólvora. Eso abona lo que Rodríguez dijo desde el primer momento, aún cuando no se había hallado el arma”, explicó el defensor.
Una persecución de 30 kilómetros a oscuras
Los hechos ocurrieron durante la noche, en plena ruta, sin cámaras de seguridad ni buena comunicación radial entre los móviles. “Fue una persecución de 30 kilómetros completamente a oscuras. Las balizas encandilaban más por la falta de luz ambiental, lo que dificultaba aún más la visión de los efectivos”, detalló Zuleta.
Además, aseguró que varios testigos, entre ellos otros oficiales, coincidieron en que Orihuela manejaba a más de 100 km/h, pasó un semáforo en rojo, evadió controles vehiculares y “encerró” a motoristas y patrulleros, obligando a algunos a maniobras de emergencia para no ser atropellados.
“Un oficial del GAMP dijo en juicio que temió por su vida cuando el camión se le tiró encima”, reveló el abogado.
¿Dónde está el arma?
Una de las principales dudas que persisten es por qué no se encontró el arma presuntamente usada por Orihuela. Según Zuleta, eso podría explicarse por el largo trayecto de la persecución.
“La escena final fue rastrillada 50 metros a la redonda días después, pero nadie revisó los 30 kilómetros recorridos. Es posible que Orihuela haya descartado el arma en ese trayecto”, sostuvo.
¿Rodríguez disparó a matar?
Uno de los puntos más sensibles es la cantidad de disparos realizados por el oficial. Según la defensa, Rodríguez no disparó con intención de matar, sino que actuó de manera progresiva.
“Primero disparó al aire con un arma antitumulto. Luego lo hizo contra los neumáticos del camión y finalmente, cuando temió por su vida, disparó a la puerta. Esos últimos disparos fueron dirigidos a la parte baja del cuerpo del conductor, no a la cabeza ni al pecho”, explicó.
El defensor también mencionó que, aunque hubo ocho disparos que impactaron en el cuerpo de Orihuela, hubo otros muchos que no dieron en el blanco, lo que para la defensa muestra que no hubo una intención clara de matar, sino de neutralizar una amenaza.
Posible influencia de sustancias
Zuleta adelantó que en los próximos días se incorporará al juicio una pericia toxicológica que indicaría que Orihuela tenía alcohol y cocaína en sangre al momento de los hechos. Esto, según el letrado, explicaría su comportamiento errático y evasivo.
“Se va a ventilar en juicio. Nosotros ya lo sabemos: llevaba alcohol y cocaína en sangre. Eso podría explicar su conducta paranoica y peligrosa”, sostuvo.
¿Actuó bajo la ley?
Finalmente, Zuleta defendió la legitimidad del accionar policial, afirmando que todas las órdenes dadas al camionero fueron legales y que los efectivos tenían la obligación de hacer cesar su conducta.
“El oficial Rodríguez no podía ser indiferente. Tenía el deber legal de intervenir. Las fuerzas de seguridad están para hacer cumplir la ley. Este procedimiento, por más trágico que haya sido, fue legal desde su origen”, concluyó
