La Corte de Justicia dejó firme el rechazo al amparo del SEP y avaló la anulación de los últimos pases a planta
El máximo tribunal provincial ratificó que el Sindicato de Empleados Públicos no agotó la vía administrativa antes de acudir a la Justicia. El fallo confirma la legalidad del decreto de Marcelo Orrego que dejó sin efecto miles de nombramientos realizados por la gestión anterior.
La Corte de Justicia de San Juan resolvió dejar firme el fallo que rechazó el amparo presentado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que buscaba reincorporar a los trabajadores estatales cuyo pase a planta permanente fue anulado por el actual gobierno provincial. Con esta resolución, se consolida la decisión política y administrativa del gobernador Marcelo Orrego de revertir los nombramientos realizados en los últimos meses del mandato de Sergio Uñac.
El tribunal, a través de su Sala Segunda —integrada por los ministros Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria—, coincidió con las instancias judiciales anteriores que consideraron que el gremio no había cumplido con el requisito legal de agotar la vía administrativa antes de acudir a la Justicia. Por lo tanto, se declaró inadmisible el reclamo y se ratificó la validez del Decreto 62/23, firmado por Orrego el 11 de diciembre de 2023, apenas un día después de asumir el cargo.
Los antecedentes del caso
La controversia se originó por la decisión del nuevo gobierno de dejar sin efecto los pases a planta permanente realizados por la administración saliente durante los seis meses previos al recambio de gestión. Según estimaciones oficiales, la medida alcanzó a más de 2.000 agentes estatales. También fueron revocadas designaciones efectuadas con hasta nueve meses de anticipación si los beneficiarios no cumplían con al menos seis meses de servicio efectivo y continuo, además de haberse invalidado extensiones de contratos temporales.
Frente a esta medida, el SEP presentó un recurso de amparo ante el Octavo Juzgado Civil, a cargo del juez Walter Otiñano, quien lo rechazó argumentando que no se había agotado la vía administrativa, es decir, que el sindicato no interpuso un recurso jerárquico o de reconsideración ante la propia administración pública.
Durante la feria judicial de enero de este año, el juez Héctor Rollán confirmó esa postura y consideró que además se habían vencido los plazos procesales para continuar con el amparo. Luego, la Sala Tercera de la Cámara Civil avaló ambas decisiones, y ahora fue la Corte la que dio cierre definitivo al planteo del gremio en la órbita provincial.
Fundamentos del fallo
La Corte sostuvo que el SEP no utilizó los mecanismos administrativos correspondientes antes de judicializar el reclamo, lo cual impide habilitar la intervención del Poder Judicial. En su análisis, el tribunal también avaló el argumento del Poder Ejecutivo respecto a que los nombramientos revocados violaban las restricciones impuestas por la Constitución provincial y la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prohíben realizar este tipo de designaciones en el período previo al traspaso de gobierno.
En el mismo sentido, los jueces remarcaron que la decisión del Ejecutivo se encuentra dentro de sus facultades legales, especialmente al tratarse de una medida que busca preservar el equilibrio fiscal y el correcto funcionamiento del Estado.
El rol de la Comisión Evaluadora
A pesar de la contundencia de la medida, el Gobierno provincial habilitó una Comisión Evaluadora para analizar de manera individual los casos de aquellos trabajadores que podrían haber cumplido con los requisitos establecidos por ley para acceder a la planta permanente. Desde la administración de Orrego se indicó que el objetivo es “garantizar los derechos de los trabajadores” y evitar situaciones de injusticia en medio del proceso de revisión.
Esta comisión ha estado recibiendo presentaciones de afectados y estudiando la documentación correspondiente, aunque aún no se conocen resultados concretos de ese análisis.
Impacto político y sindical
La decisión de la Corte representa un respaldo institucional al decreto de Orrego y consolida su postura de ordenar las cuentas públicas y revisar las decisiones adoptadas en el último tramo del gobierno anterior. Desde el SEP, en tanto, habían cuestionado la medida por considerarla arbitraria y aseguran que se vulneraron derechos laborales adquiridos.
Ahora, con la vía judicial provincial agotada, el gremio podría evaluar recurrir a instancias federales o continuar litigando por la vía administrativa para casos puntuales. Sin embargo, el fallo de la Corte configura un antecedente claro sobre la legalidad del accionar del Ejecutivo.
