La Corte de Justicia se negó a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales
Un informe nacional reveló que ninguno de los cinco miembros de la Corte de Justicia de San Juan accedió a transparentar su declaración jurada patrimonial, pese al pedido formal realizado entre abril y mayo de este año. La investigación —publicada por organizaciones especializadas en acceso a la información pública— evaluó el nivel de transparencia de todas las Cortes provinciales del país.
San Juan figura entre las jurisdicciones que no respondieron ni entregaron un solo dato, ubicándose dentro del bloque más opaco junto a otras doce provincias. La situación genera preocupación porque se trata del máximo órgano del Poder Judicial, responsable de impartir justicia y de garantizar el control institucional sobre los otros poderes del Estado.
La presidenta Adriana García Nieto y los ministros Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria integran el tribunal que dejó sin respuesta el pedido de acceso, a diferencia de provincias como Córdoba y Mendoza, donde todos los cortistas sí publicaron sus patrimonios en forma completa.
Según los estándares internacionales y la normativa de ética pública vigente, los jueces de las máximas cortes provinciales deben declarar lo que poseen —bienes, ingresos, inversiones y deudas—, ya que se trata de una herramienta central para prevenir casos de enriquecimiento ilícito o conflictos de intereses.
A nivel país, apenas el 14% de los magistrados cumplió con la solicitud. En San Juan, la falta total de respuesta deja a la Justicia provincial fuera del estándar mínimo de transparencia patrimonial observado en otras provincias y vuelve a poner bajo la lupa el nivel de rendición de cuentas del Poder Judicial local.
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