Mirá como votaron los diputados sanjuaninos los vetos de MILEI: Fué 5 a 1
En una sesión cargada de tensión política y debates sobre derechos sociales, la mayoría de los diputados nacionales por San Juan se pronunció en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, reafirmando su compromiso con la protección de las personas con discapacidad en todo el país. La votación resultó en un claro respaldo a la continuidad de la norma, que garantiza medidas especiales y recursos adicionales para este sector de la población.
Cinco de los seis representantes de la provincia coincidieron en que la ley debía mantenerse vigente: Walberto Allende, Jorge Chica, Fabiola Aubone, María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón votaron en contra del veto presidencial. Cada uno argumentó que la Ley de Emergencia en Discapacidad es fundamental para asegurar inclusión, asistencia y acceso a recursos que muchas veces son la única vía de soporte para las personas con discapacidad y sus familias.
En contraposición, José Peluc, diputado de La Libertad Avanza, fue el único representante sanjuanino que respaldó el veto del presidente, sosteniendo que la normativa requiere ajustes y que es necesario equilibrar las políticas sociales con la sostenibilidad fiscal del Estado. Su postura generó un marcado contraste con el resto de los legisladores locales, evidenciando la diversidad de enfoques sobre cómo garantizar derechos sociales sin comprometer las finanzas públicas.
La votación de los diputados sanjuaninos refleja, además, la multiplicidad de posturas políticas presentes en la Cámara Baja. Mientras la mayoría priorizó la protección de los sectores más vulnerables, un sector minoritario defendió la necesidad de revisar y adaptar las políticas sociales a la realidad económica del país. Con el rechazo del veto presidencial, la Ley de Emergencia en Discapacidad continuará su curso parlamentario y ahora deberá ser tratada en el Senado, donde se definirá su aprobación definitiva.
Los legisladores que defendieron la continuidad de la ley subrayaron que se trata de una herramienta clave para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a recursos, programas de asistencia y oportunidades de inclusión, sin depender exclusivamente de iniciativas locales que muchas veces no alcanzan a cubrir todas sus necesidades. Por el contrario, señalaron que derogar o limitar la ley podría afectar de manera directa a miles de personas y sus familias, generando retrocesos en materia de derechos y calidad de vida.
La decisión tomada por los diputados sanjuaninos envía un mensaje claro sobre la relevancia de la inclusión social y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables, y marca una postura coherente con la defensa de políticas que prioricen la asistencia y la igualdad de oportunidades.
