Multimillonarios embargos y más denuncias: El jefe textil y dos empresarios seguirán presos por estafa
El escándalo por las presuntas estafas en la venta de terrenos en San Juan sigue creciendo. La Justicia ordenó embargos millonarios contra el secretario general de la Unión Obrera Textil, Hipólito Roberto Vega, y los empresarios de la construcción Francisco Fernández Muñoz y Miguel Aciar, acusados de haber montado un esquema fraudulento que ya acumula cerca de 70 denuncias.
Los tres imputados permanecen detenidos con prisión preventiva y, tras una nueva audiencia realizada este viernes, la jueza de Garantías Celia Maldonado resolvió trabar medidas sobre sus patrimonios para asegurar eventuales reparaciones económicas. En total, los embargos superan los $1.000 millones: a Vega y a Fernández les fijaron $470 millones cada uno, mientras que a Aciar se le impuso un embargo de $90 millones.
Una causa que no deja de crecer
El fiscal de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, Duilio Ejarque, amplió la imputación tras recibir nuevas denuncias. A las primeras 22 presentaciones, se sumaron 46 más vinculadas a los barrios Los Nogales VII y Textil II, que nunca se construyeron. Y en la última audiencia se agregaron otras 10 acusaciones, lo que eleva a casi 70 la cantidad de familias que aseguran haber sido engañadas.
Según la investigación, los tres detenidos habrían ofrecido terrenos de proyectos que no contaban con autorización legal ni con la titularidad de las tierras. Pese a ello, habrían recibido importantes sumas de dinero de los supuestos adjudicatarios.
Cruces en la audiencia
En la audiencia de formalización, Vega y Fernández intentaron desligarse de responsabilidades y apuntaron contra Aciar, a quien responsabilizaron directamente por el manejo irregular de los fondos. “Nosotros actuamos en regla y pensando en la gente”, fue el argumento de ambos.
Sin embargo, para la fiscalía, ninguno de los proyectos contaba con aval y los contratos firmados eran inválidos desde el origen. Por esa razón, el Ministerio Público sostuvo que se trató de un ardid planificado para captar dinero de las familias que buscaban acceder a una vivienda propia.
Prisión preventiva prorrogada
Dada la gravedad de los hechos, la jueza Maldonado había prorrogado hace tres semanas la prisión preventiva por 30 días más. El motivo: la causa se complejizó con la incorporación de nuevos damnificados y el volumen de pruebas a analizar.
Mientras tanto, los embargos buscan garantizar que, en caso de una eventual condena, las víctimas puedan recuperar parte de lo invertido. Sin embargo, fuentes allegadas a la causa anticiparon que las cifras embargadas podrían quedarse cortas frente al perjuicio económico total.
