Vínculos políticos y silencio: la Corte sanjuanina bajo la lupa
Un informe nacional encendió las alarmas sobre la independencia judicial en San Juan. La provincia figura entre las jurisdicciones con mayor nivel de alineación política en su máximo tribunal. Junto a La Rioja y San Luis, se encuentra en el grupo donde todos los integrantes de la Corte de Justicia accedieron al cargo tras haber desempeñado funciones dentro del Poder Ejecutivo local, especialmente durante administraciones peronistas.
El relevamiento fue realizado por las plataformas Ruido y CONNECTAS, y publicado por Chequeado. De acuerdo con los datos recabados, los cinco jueces que actualmente integran la Corte sanjuanina tuvieron vínculos laborales o partidarios con el oficialismo que los promovió: el uñaquismo.
Entre ellos, Adriana García Nieto fue asesora letrada del Gobierno y ocupó la Subsecretaría General de la Gobernación durante el giojismo; Daniel Olivares Yapur fue candidato a diputado provincial por el PJ; Juan José Victoria trabajó como asesor y fiscal en municipios gobernados por el mismo partido; Guillermo De Sanctis fue fiscal de Estado, diputado y ministro; y Marcelo Lima, vicegobernador e intendente capitalino durante gestiones justicialistas.
Más allá de los antecedentes, el informe también recuerda el rol que algunos de estos magistrados cumplieron en el intento de habilitar una nueva reelección de Sergio Uñac en 2023. Junto al fiscal general Eduardo Quattropani (fallecido), García Nieto y Olivares Yapur integraron el Tribunal Electoral que avaló su postulación, desestimando las restricciones constitucionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó revocando esa decisión.
El informe nacional además pone el foco en la escasa transparencia institucional. San Juan no solo evita publicar el historial profesional completo de sus jueces supremos, sino que también ignoró pedidos formales de acceso a la información. Según detallaron los autores, durante junio enviaron solicitudes a todas las cortes del país y la sanjuanina no respondió a ninguna.
El problema no es exclusivo de San Juan: de 138 jueces provinciales analizados, más de la mitad fueron designados por gobiernos peronistas tras haber integrado previamente estructuras del Estado. Sin embargo, el caso sanjuanino destaca por la combinación de vínculos políticos estrechos, opacidad informativa y fallos judiciales de alto impacto institucional.
