Escándalo en Zonda: El Sindicato de Empleados Públicos avanza con nuevas denuncias contra el intendente
El abogado Roberto Correa confirmó que además de la causa penal en curso, el gremio presentará denuncias ante el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Provincia. Señalan graves irregularidades en la administración municipal y advierten un perjuicio millonario a los vecinos.
El conflicto en la Municipalidad de Zonda suma nuevos capítulos. Tras la denuncia penal presentada días atrás por presunta estafa contra la administración pública, malversación de caudales y asociación ilícita, ahora el Sindicato de Empleados Públicos anunció que llevará el caso también al plano administrativo.
El abogado del gremio, Dr. Roberto Correa, explicó en diálogo con el periodista Juan Pereyra que la próxima semana formalizarán presentaciones ante el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Provincia para que se investigue el posible perjuicio fiscal al municipio.
“Se están pagando sueldos y aportes a trabajadores que no cumplen funciones. Hablamos de alrededor de 100 personas que figuran en la nómina, pero no trabajan”, señaló Correa durante la entrevista.
Según la constatación realizada por el dirigente sindical José Alberto Díaz junto a un escribano, el propio jefe de personal del municipio admitió que de los 244 empleados registrados, solo 80 prestaban servicios efectivos. El funcionario incluso dejó asentado en un acta que había personas que firmaban planillas con anticipación, simulando asistencia en días posteriores.
El abogado advirtió que esta situación implica un uso indebido de fondos públicos que podría alcanzar cifras millonarias. “Se trata de recursos que salen del bolsillo de todos los vecinos de Zonda”, expresó.
Respecto a las posibles consecuencias, Correa señaló que, si la Justicia y los organismos de control confirman los hechos, podrían habilitarse mecanismos de juicio político contra el intendente, aunque reconoció que el escenario político en el Concejo Deliberante dificulta avanzar en esa dirección.
Mientras tanto, la investigación penal quedó en manos de la Unidad de Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Nicolás Nicolía, quien tiene 15 días para definir medidas dentro de la etapa preparatoria.
“El escándalo es grave, hay pruebas testimoniales y documentales que lo acreditan. Ahora queda en manos de la Justicia y de los organismos de control dar una respuesta a los vecinos”, concluyó Correa.
