Policía sanjuanino admitió filtrar datos a un líder de la barra de San Martín
El escándalo por las filtraciones internas en el Poder Judicial sumó este miércoles un nuevo capítulo, luego de que Diego Ruarte —un joven policía que prestaba servicios en la UFI Delitos Contra la Propiedad— aceptara su responsabilidad por haber vendido información sensible vinculada a la causa que investiga a integrantes de la barra brava de San Martín.
Según confirmaron fuentes judiciales, Ruarte acordó un juicio abreviado en el que reconoció los hechos y recibió una pena de seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia fue homologada por la jueza Flavia Allende.
Filtraciones a la Banda del Pueblo Viejo
La investigación determinó que el policía accedía a datos reservados vinculados a los movimientos internos del Ministerio Público, órdenes de allanamiento, posibles detenciones y otros elementos clave de la causa contra Franco “Chorico” González, señalado como uno de los líderes de La Banda del Pueblo Viejo.
De acuerdo a la fiscalía, Ruarte transmitía esa información mediante comunicaciones clandestinas que ponían en riesgo el avance de los operativos. Aun así, González fue detenido meses atrás en un megaoperativo que desarticuló parte de la estructura delictiva.
El comportamiento irregular del uniformado había despertado sospechas tiempo antes. Fue trasladado de la UFI a la Unidad de Abordaje Territorial y luego a la Comisaría 17°, donde dejó de cumplir funciones tras presentar un parte médico. Durante las tareas investigativas, incluso se detectaron intentos de contacto con la fiscal Daniela Pringles y con otros brigadistas para averiguar qué información existía en su contra.
Un antecedente que se repite
El caso resuena en el ámbito judicial por su similitud con el episodio protagonizado por Adolfo Andrés Holeywell, jefe de despacho de la misma unidad fiscal, quien meses atrás también admitió haber filtrado datos clave a una banda de “roba ruedas”. En aquel expediente, Holeywell recibió un año de prisión en suspenso y renunció a su cargo tras la condena.
La reiteración de situaciones de este tipo volvió a encender alarmas sobre la vulnerabilidad interna en el manejo de información crítica y la facilidad con la que algunos funcionarios accedían a datos que luego terminaban favoreciendo a grupos delictivos.
