Escándalo en Diputados: Gritos, caos y una audiencia desbordada por la Ley de Glaciares
La primera jornada de la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares terminó envuelta en gritos, acusaciones y un fuerte cuestionamiento al proceso de participación ciudadana, dejando al descubierto un clima de alta conflictividad política y social en torno a una iniciativa clave del oficialismo.
Desde el inicio, el eje de la polémica fue claro: más de 102 mil personas se inscribieron para exponer, pero solo un número reducido pudo hacerlo de manera efectiva. Esa limitación marcó el tono de toda la jornada y derivó en un final caótico dentro de la Cámara de Diputados.
Participación restringida y críticas al mecanismo
La audiencia, organizada por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, buscaba cumplir con los estándares del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, numerosos expositores y dirigentes cuestionaron que el formato elegido no garantizó una participación real.
El presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el esquema al señalar que todas las presentaciones —incluidas las enviadas por escrito o en video— tendrán el mismo valor dentro del expediente. Pero ese argumento no logró calmar los reclamos.
“Esto no es una audiencia pública como corresponde”, fue una de las frases que sintetizó el malestar generalizado.
Un final desbordado
El momento más crítico se produjo cerca de las 21, cuando se dio por finalizada la jornada. La decisión de cerrar la audiencia, pese a que aún quedaban inscriptos sin exponer, provocó una reacción inmediata de los presentes.
Gritos, reproches y cruces entre legisladores marcaron el cierre. Incluso, se ofreció a algunos participantes grabar su intervención fuera del marco formal, lo que fue interpretado como una desnaturalización del proceso.
Diputadas opositoras cuestionaron duramente la decisión y denunciaron que no se respetó la palabra dada a quienes esperaban participar.
Fuerte rechazo al proyecto
Más allá del conflicto organizativo, el contenido del debate mostró una tendencia clara: la mayoría de las exposiciones se manifestaron en contra de la modificación de la ley.
Referentes ambientales, científicos y representantes sociales coincidieron en advertir que el proyecto implica un retroceso en la protección de los recursos hídricos.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fue contundente: “El agua no es una mercancía, es un derecho”.
En la misma línea, organizaciones ambientalistas denunciaron que la reforma podría debilitar los presupuestos mínimos de protección y abrir la puerta a conflictos judiciales.
También hubo advertencias desde el ámbito técnico, donde se cuestionó la falta de precisión en conceptos clave como el ambiente periglaciar.
Federalismo, minería y tensión política
El oficialismo defendió la iniciativa bajo el argumento de otorgar mayor autonomía a las provincias y generar condiciones para el desarrollo productivo, especialmente en sectores como la minería.
Sin embargo, desde la vereda opuesta sostienen que se trata de una flexibilización de controles ambientales en favor de intereses económicos.
La discusión dejó expuesta una tensión de fondo: desarrollo versus preservación, en un contexto donde el agua aparece como recurso estratégico.
Lo que viene
La audiencia continuará este jueves bajo modalidad virtual, en un intento por canalizar la participación de quienes no pudieron exponer en la jornada inicial.
Pero el escenario ya quedó marcado: desconfianza en el proceso, fuerte rechazo social y un debate que promete escalar en intensidad dentro y fuera del Congreso.
