Peces muertos en Cuesta del Viento: La causa penal quedó sin efecto

A casi cuatro meses del episodio que generó alarma ambiental en Iglesia, la Unidad Fiscal de Investigación del Norte resolvió desestimar la causa iniciada por la aparición masiva de peces muertos en el dique Cuesta del Viento. La conclusión judicial fue que no se configuró delito penal.

El hecho había sido detectado el 3 de noviembre de 2025 y motivó la apertura de una investigación de oficio por parte del Ministerio Público Fiscal, sin que mediara denuncia particular. El expediente estuvo a cargo del fiscal Sohar Aballay, quien ordenó una batería de medidas técnicas para determinar si existía responsabilidad penal.

Desestimación, no archivo

Desde la fiscalía explicaron que la resolución adoptada no implica un archivo por falta de impulso procesal, sino una desestimación formal. La diferencia es clave en términos jurídicos: tras el análisis de la prueba reunida, se determinó que los hechos investigados no encuadran en una figura penal ambiental.

En el expediente se incorporaron informes elaborados por distintos organismos técnicos, entre ellos la Universidad Nacional de Cuyo, el CIPCAME, la Secretaría de Estado de Ambiente y la Dirección de Hidráulica.

Hipótesis técnica y estudios complementarios

En las primeras etapas de la investigación, la hipótesis principal apuntó a un fenómeno de hipoxia —disminución de oxígeno disuelto en el agua— como posible explicación de la mortandad.

No obstante, también se analizaron estudios que detectaron presencia de cloro total en puntos específicos de la cuenca, como el río La Palca y el sector del Puente Buena Esperanza. Según la evaluación fiscal, esos resultados no permitieron establecer un vínculo penal directo entre esos hallazgos y la muerte de los ejemplares.

Ante la ausencia de elementos que acreditaran una conducta tipificada como delito, la UFI Norte resolvió cerrar la instancia penal.

Vía administrativa abierta

Desde el ámbito judicial aclararon que los controles vinculados a la normativa de “Agua Segura” continúan en el plano administrativo, por fuera de la causa penal ya concluida.

Con esta resolución, la investigación judicial iniciada tras el episodio ambiental queda formalmente finalizada, aunque el monitoreo técnico del recurso hídrico seguirá bajo la órbita de los organismos competentes.