Presión a la Corte y al Foro: Abogados exigen cupo local en minería y una oficina clave para cobrar honorarios

El reclamo de un sector de abogados sanjuaninos sumó un nuevo capítulo con la presentación de dos iniciativas que apuntan directamente al corazón del ejercicio profesional: el acceso al trabajo en la actividad minera y la demora estructural en el cobro de honorarios. Detrás de ambas propuestas aparece la figura del abogado César Porto Maradona, quien no solo impulsó los proyectos sino que también dejó al descubierto un fuerte malestar con la falta de respuestas institucionales.

“Esto se presenta por una cuestión de consideración, pero también para poner en evidencia que estos temas no se han trabajado como corresponde”, explicó, dejando entrever que el rol del Foro de Abogados está bajo cuestionamiento. En ese marco, el planteo no es aislado: busca instalar una discusión de fondo sobre cómo se distribuyen las oportunidades laborales en sectores estratégicos como la minería.

Según detalló, hoy existe una realidad que se repite en distintos proyectos: “las empresas traen sus estudios de afuera y al profesional local lo dejan para tareas menores”, una situación que —remarcó— resulta particularmente sensible en una actividad que “genera mucho trabajo y muy bien remunerado”. Desde su experiencia en el sector, aseguró que el problema no es nuevo, pero sí cada vez más visible, y que termina relegando a los sanjuaninos a un rol secundario dentro de su propia provincia.

En ese contexto, la propuesta busca ampliar el alcance del cupo laboral local para incluir a los profesionales, no solo en minería sino en cualquier actividad que se radique en San Juan. “No estoy pidiendo nada extraordinario, sino un tratamiento igualitario. El abogado también es un trabajador, aunque sea independiente”, sostuvo, al tiempo que insistió en que el conocimiento del contexto local es una ventaja que hoy no se está aprovechando: “los que conocen cómo funcionan los organismos y los procesos en la provincia somos los profesionales de acá”.

El trasfondo del planteo también expone una problemática más amplia: la falta de oportunidades en el ámbito privado. “Muchos profesionales buscan ingresar al Poder Judicial porque no hay suficiente trabajo”, advirtió, marcando una tendencia que, según explicó, termina saturando el sistema y limitando el desarrollo independiente de la profesión.

Pero el diagnóstico no se detiene ahí. La segunda iniciativa presentada apunta directamente al funcionamiento interno de la Justicia y a uno de los reclamos históricos del sector: la demora en el cobro de honorarios. “Hoy un incidente de honorarios puede demorar años y sigue tramitando dentro del mismo expediente”, explicó, al describir un esquema que, en la práctica, recarga de trabajo a los juzgados y dilata procesos que podrían resolverse de manera más ágil.

El problema, según detalló, es acumulativo: cada intervención profesional genera nuevas incidencias dentro de una misma causa, lo que termina afectando los tiempos judiciales. “Cada abogado genera un incidente y eso impacta directamente en el funcionamiento del tribunal”, señaló. Frente a esto, la propuesta es clara: derivar esos procesos a una oficina especializada que permita separar lo administrativo de lo estrictamente judicial.

“Con una sentencia firme, la ejecución debería continuar en una oficina específica, sin seguir ocupando al juzgado de origen”, planteó, subrayando que el objetivo es doble: acelerar el cobro para los profesionales y, al mismo tiempo, descomprimir la carga de trabajo en los tribunales. En ese sentido, sostuvo que se trata de un esquema viable, ya que “no hace falta crear nuevos juzgados ni designar jueces, sino organizar mejor los recursos existentes”, tomando como referencia experiencias similares dentro del propio sistema judicial.

Lejos de quedar en un planteo técnico, Porto Maradona dejó en claro que la intención es abrir un debate más profundo. “La idea es que estos temas se discutan y que las instituciones se involucren en problemas concretos que afectan a los profesionales”, concluyó, en una señal que combina reclamo sectorial con presión política para que las iniciativas no queden solo en una presentación formal.