Videos, acusaciones y prisión preventiva en la causa por el robo de aires del Poder Judicial

La investigación por el robo de aires acondicionados del Poder Judicial avanzó este miércoles con una audiencia cargada de acusaciones, presentación de videos y nuevos elementos que comprometen a Jorge Fernando Cataldo, el empleado judicial señalado por la UFI Delitos Especiales como uno de los principales involucrados en la maniobra.

Ante el juez de Garantías Matías Parrón, la fiscalía sostuvo que Cataldo habría tenido un rol clave en el retiro de los equipos desde un obrador ubicado en Capital y que incluso intentó evitar que el hecho fuera denunciado dentro del ámbito judicial.

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la declaración de Juan Pablo Albornoz, también imputado en la causa, quien aseguró que actuó por una “orden directa” de Cataldo. Para los investigadores, ese testimonio refuerza la hipótesis de que el empleado judicial habría coordinado la maniobra.

Además, el fiscal Iván Grassi, junto a la ayudante fiscal Victoria Martín y la colaboradora Agustina Plateo, exhibió videos en los que —según sostienen desde fiscalía— se observa a Cataldo manteniendo conversaciones en tono intimidante con una superior jerárquica y posteriormente con Albornoz.

Desde la UFI remarcaron que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y posible influencia sobre otros involucrados, por lo que solicitaron un mes de prisión preventiva. El pedido fue aceptado por el juez Parrón.

Otro dato expuesto durante la audiencia fue que Cataldo se presentó a trabajar el mismo día en que ocurrió el hecho, aunque luego abandonó el edificio judicial dejando su bicicleta personal encadenada en el lugar.

La defensa, encabezada por el abogado Carlos Fernández Torres, rechazó la versión planteada por fiscalía y aseguró que el acusado no estaba prófugo, sino trabajando en un maxiquiosco de su propiedad cuando era buscado por la Policía. También afirmó que Cataldo decidió entregarse voluntariamente en la Comisaría 35ª luego de recibir asesoramiento legal.

Sobre el teléfono celular, Fernández Torres explicó que no fue entregado en ese momento porque estaba en poder de la esposa del imputado, quien lo utilizaba para realizar pagos y transferencias vinculadas al comercio familiar mediante Mercado Pago.