Tensión por la energía: Vicuña defendió su prioridad de acceso y se abrió una fuerte disputa minera por la línea de 500 kV

La audiencia pública convocada para analizar la ampliación del sistema eléctrico que abastecerá al proyecto Josemaría comenzó este miércoles con una fuerte defensa de la postura de Vicuña respecto al acceso prioritario a la energía. La empresa fue la primera en exponer y sostuvo que la nueva infraestructura no estará destinada exclusivamente al emprendimiento minero, sino que formará parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Durante su presentación, Adriel Rizzeto afirmó que “no es una obra sólo para Josemaría” y explicó que la demanda energética vinculada al desarrollo de los proyectos mineros podría alcanzar los 700 MW. Más adelante, y tras solicitar cinco minutos adicionales para cerrar su exposición, remarcó que “la capacidad incremental pasará a formar parte del SADI y será operada por la transportista concesionaria”, aclarando que “no hay control, exclusividad, transferencia ni propiedad alguna para Vicuña”.

Sin embargo, la discusión se centró en la prioridad de uso de esa capacidad de transporte eléctrico. Uno de los planteos más críticos llegó de parte del diputado provincial Mario Herrero, quien cuestionó que la empresa acceda a una “posición privilegiada” dentro del sistema. A su vez, la presidenta de la mina Hualilán, Sonia Delgado, presentó una fuerte oposición durante su intervención.

También se expresaron otras compañías mineras interesadas en el futuro esquema energético. Desde el proyecto Los Azules, Miguel Federico Gil Pugliese expuso la posición de Andes Corporación Minera, mientras que representantes de Gualcamayo solicitaron garantías para resguardar la potencia energética necesaria para sus operaciones. En tanto, desde Barrick, Ariadna Rodríguez manifestó un respaldo general al proyecto, aunque condicionó ese apoyo a que se respeten los derechos de transporte obtenidos mediante inversiones realizadas anteriormente.

La mirada de los organismos de control y de los municipios también ocupó un lugar central. El vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, indicó que la conformidad del organismo quedará supeditada al cumplimiento de condiciones específicas. Por su parte, Hugo Pérez sostuvo que la prioridad de la distribuidora es garantizar un servicio “seguro, continuo y de calidad”, mientras que el intendente de Jáchal, Matías Espejo, advirtió que “la prioridad energética minera no puede implicar deterioro en la calidad o disponibilidad del servicio para la comunidad”.

La audiencia continúa con exposiciones de distintos sectores vinculados al sistema eléctrico y a la actividad minera. El debate gira en torno a una obra considerada estratégica para el desarrollo de los grandes proyectos de cobre de la provincia, pero que también abre interrogantes sobre el acceso futuro a la energía y el equilibrio entre las necesidades productivas y el abastecimiento de las comunidades.