Inquilinos advierten que los alquileres ya suben por encima de la inflación y temen un fuerte impacto por la minería
La eliminación de la Ley de Alquileres modificó por completo el escenario para quienes alquilan una vivienda y, según advierten desde la Asociación de Inquilinos de San Juan, hoy los aumentos ya no guardan relación con la inflación y cada vez son más las familias que consultan cómo rescindir sus contratos porque no pueden afrontar los pagos.
El presidente de la entidad, Víctor Bazán, aseguró que la desregulación dejó a los inquilinos en una situación de desventaja. «Al no haber una Ley de Alquileres, es la ley de la selva la única que está vigente», afirmó. En ese sentido, explicó que «los aumentos son bimestrales o trimestrales y siempre se calculan sobre el último valor del alquiler, no sobre el precio inicial. Eso hace que aumente considerablemente por encima de la inflación».
Bazán recordó que la normativa anterior otorgaba mayores garantías para quienes alquilaban. «Era la ley del inquilino. Tenías contratos de tres años, el depósito se devolvía actualizado, los arreglos corrían por cuenta del propietario y los aumentos se aplicaban con un índice determinado», señaló. Si bien reconoció que durante los años de alta inflación hubo cuestionamientos al sistema, sostuvo que «lo que antes parecía malo hoy es mucho más benévolo de lo que sucede ahora».
Aunque la asociación no cuenta con estadísticas precisas sobre la cantidad de familias que abandonan una vivienda por no poder seguir pagando el alquiler, Bazán aseguró que la tendencia es evidente. «Lo que recibimos constantemente son consultas sobre cómo rescindir un contrato. Eso marca que la gente está preocupada porque no puede afrontar el alquiler», expresó. Y agregó: «Hay familias que ya no pueden seguir viviendo donde están porque los valores son muy altos».
El dirigente también advirtió sobre el escenario que podría abrirse con el crecimiento de la actividad minera en San Juan. Tomando como referencia lo ocurrido en Vaca Muerta, sostuvo que «cuando los alquileres empiezan a ajustarse tomando como referencia los salarios de la minería, el resto de los trabajadores queda afuera». En ese sentido, explicó que «maestros, empleados de comercio, taxistas, remiseros o municipales no van a poder afrontar esos valores porque no todos trabajan en la minería ni todos quieren hacerlo».
Para Bazán, la situación requiere una intervención preventiva del Estado antes de que el fenómeno se profundice. «Venimos planteando estos temas, pero la política no se quiere reunir con nosotros para analizar lo que ya pasó en otras provincias», cuestionó. Además, alertó sobre otras iniciativas que podrían agravar el panorama. «Se habla de desalojos exprés y de construir edificios cada vez más altos, pero no se está pensando en el impacto que todo eso puede tener sobre la ciudadanía. Todo esto hay que analizarlo profundamente para causar el menor daño posible», concluyó.
